El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que obliga a los bancos a examinar con mayor detalle la ciudadanía de sus clientes, como parte de un nuevo esfuerzo de su administración para reforzar las políticas contra las personas que viven en el país sin autorización.
La orden instruye a los reguladores bancarios y a los departamentos del gobierno a buscar señales de que individuos sin estatus legal abren cuentas, solicitan préstamos o adquieren tarjetas de crédito. Sin embargo, la medida resultó menos radical de lo que muchos esperaban, ya que versiones previas apuntaban a que la Casa Blanca planeaba exigir a los bancos recopilar información directa sobre la ciudadanía de los clientes.
Según el documento, los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si un cliente fuera deportado y dejara de pagar un préstamo. “No permitiremos riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”, señaló la Casa Blanca.
Como los bancos no han recopilado antes datos sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen estadísticas públicas confiables sobre cuánto riesgo representan. No obstante, un estudio del Urban Institute estimó que entre 5,000 y 6,000 hipotecas fueron otorgadas a personas con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), documentos que suelen usar los trabajadores indocumentados en lugar del número de Seguro Social. Según el instituto, Fannie Mae y Freddie Mac también desconfían de esas hipotecas, lo que limita aún más las opciones de crédito para estos solicitantes.
Además, el Departamento del Tesoro anunció en noviembre que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impediría que algunos contribuyentes inmigrantes los reclamen, incluso si cumplen con sus obligaciones tributarias. Expertos fiscales advirtieron que esta decisión afectaría especialmente a beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a quienes poseen Estatus de Protección Temporal (TPS).
