Las políticas de desreglamentación impulsadas por el presidente Donald Trump detuvieron la implementación de nuevos estándares de control de emisiones de óxido de etileno (EtO), una sustancia señalada como cancerígena. Estas regulaciones estaban destinadas a reducir la exposición al químico entre las comunidades cercanas a las cuatro plantas esterilizadoras que operan en Puerto Rico, localizadas en Salinas, Fajardo, Villalba y Añasco.
El óxido de etileno es utilizado principalmente para esterilizar equipo médico, pero su liberación al ambiente representa un riesgo para la salud pública, según estudios ambientales y de salud. La medida que pretendía limitar sus emisiones había sido aprobada, pero las iniciativas de desregulación del gobierno frenaron su entrada en vigor, dejando a residentes y trabajadores de esas comunidades expuestos a los efectos del químico.
Diversos sectores habían reclamado la aplicación estricta de los nuevos estándares federales, argumentando que la falta de control incrementa el riesgo de enfermedades graves. Sin embargo, el proceso quedó detenido tras las acciones administrativas tomadas por la gestión de Trump.
