Un tribunal federal de apelaciones suspendió el miércoles una orden que limitaba el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración en el área de Chicago, al considerar la medida “demasiado amplia” y “prescriptiva”. No obstante, el Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito advirtió que su decisión no debe interpretarse de manera excesiva y señaló que un proceso de apelación rápido podría derivar en una orden “más ajustada y adecuada”.
La jueza federal Sara Ellis había emitido hace unas semanas una orden judicial preliminar en respuesta a una demanda presentada por manifestantes y medios de comunicación. Los demandantes acusaban a los agentes de usar fuerza excesiva durante un operativo que ha resultado en más de 3,000 arrestos desde septiembre en Chicago y sus suburbios. Abogados del gobierno argumentaron que la orden obstaculizaba la aplicación de las leyes y podría “subvertir” la estructura constitucional.
El fallo del panel de tres jueces indicó que era probable que los argumentos del gobierno prevalecieran. Según el documento, la orden de Ellis “restringía a un amplio rango de demandados, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, y a cualquiera que actuara en concierto con ellos”. Los jueces también destacaron que la medida era “demasiado prescriptiva”, pues establecía de manera específica qué tipos de armas o dispositivos antimotines podían usarse, asemejándose a una regulación federal.
La orden de Ellis prohibía el uso de fuerza física y agentes químicos como gases lacrimógenos o bolas de pimienta, salvo en casos de necesidad o amenaza inmediata, y alegaba que las prácticas actuales violaban derechos constitucionales de periodistas y manifestantes. Durante las audiencias, varios testigos relataron haber sido rociados con gas, golpeados con proyectiles y apuntados con armas de fuego. Ellis expresó dudas sobre la credibilidad de los testigos del gobierno, incluyendo a Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que encabezó el operativo en Chicago antes de ser trasladado a Carolina del Norte.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró la suspensión y la calificó como “una victoria para el estado de derecho y para la seguridad de cada agente”. Por su parte, los abogados de los demandantes no respondieron a solicitudes de comentarios.
Bovino, actualmente jefe de sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, ha defendido repetidamente el uso de la fuerza por sus agentes. Supervisó a unos 230 elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Chicago desde septiembre, y se prevé un nuevo despliegue en Nueva Orleans.
Las redadas migratorias en Chicago han provocado varias demandas, incluyendo denuncias por condiciones inhumanas en centros de detención de inmigrantes. Una de ellas llevó a un juez federal y a abogados a inspeccionar recientemente las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicadas a las afueras de la ciudad.
