El Tribunal Supremo y el Congreso de Estados Unidos deberán determinar cuándo se reanudarán los pagos completos del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos. La expectativa recae sobre una decisión que podría aliviar la carga de millones de familias afectadas por el cierre del gobierno federal.
Se espera que el Tribunal Supremo emita un fallo el martes sobre una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para impedir que los estados distribuyan los beneficios completos de SNAP, aludiendo que los fondos podrían ser necesarios en otras áreas. La falta de uniformidad en los fallos judiciales ha creado un panorama desigual: mientras algunos estados, como Hawái y Nueva Jersey, continuaron entregando los pagos completos, otros, como Nebraska y Virginia Occidental, no han podido ofrecer ninguna asistencia.
Las disputas legales podrían resolverse si la Cámara de Representantes aprueba una legislación para poner fin al cierre y Trump la firma. El Senado aprobó un proyecto para reabrir el gobierno federal, el cual incluye reponer los fondos de SNAP. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, convocó a los legisladores a regresar a Washington para considerar el acuerdo bipartidista logrado en el Senado. Trump no ha confirmado si firmará la medida, aunque reconoció que “parece que estamos cerca del fin del cierre”.
Mientras tanto, miles de familias enfrentan momentos críticos. En Pensilvania, algunos beneficiarios recibieron pagos parciales, pero otros, como Jim Malliard, de Franklin, siguen esperando ayuda. Malliard cuida de su esposa ciega y de su hija enferma, y enfrenta la incertidumbre con solo diez dólares en su cuenta. “Ha sido muchas noches en vela, asegurándome de tener todo hasta el último centavo”, relató.
Ante la crisis, ciudadanos como Ashley Oxenford, maestra en Carthage, Nueva York, han decidido actuar por su cuenta. Ella instaló una pequeña despensa en su jardín para ofrecer comida a sus vecinos necesitados. “Creo que he gastado dinero en cosas más tontas que tratar de alimentar a otras personas durante una hambruna fabricada”, expresó.
La administración Trump recortó los fondos de SNAP tras octubre debido al cierre, lo que desencadenó una ola de demandas. Una serie de fallos judiciales entre cortes federales y de apelaciones mantiene en suspenso la continuidad plena del programa, que impacta a unos 42 millones de estadounidenses. Aunque un tribunal de apelaciones ordenó reanudar los fondos completos, la medida podría ser detenida nuevamente por el Tribunal Supremo.
En documentos presentados al máximo foro judicial, el procurador general D. John Sauer argumentó que no corresponde a los tribunales reasignar los recursos del gobierno. “La única manera de poner fin a esta crisis, que el Ejecutivo está decidido a terminar, es que el Congreso reabra el gobierno”, afirmó.
