El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el martes, con una votación de 5 a 4, que los ciudadanos no pueden demandar al Servicio Postal de Estados Unidos, aun cuando sus empleados se nieguen deliberadamente a entregar el correo.
La decisión se produjo en el caso de Lebene Konan, una arrendadora de Texas que alegó que su correspondencia fue retenida intencionalmente durante dos años. Konan, quien es afroamericana, sostuvo que el prejuicio racial influyó en las acciones de los trabajadores postales.
El juez Clarence Thomas, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que la ley federal que protege al Servicio Postal de demandas por correo extraviado o no entregado también cubre la “no entrega intencional”.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, en un voto disidente al que se unieron Neil Gorsuch y otros tres jueces liberales, argumentó que la inmunidad no debe aplicarse cuando la negativa a entregar el correo “responde a motivos maliciosos”.
Durante el proceso, el gobierno republicano del presidente Donald Trump advirtió que un fallo favorable a Konan habría generado una ola de demandas similares contra la agencia, que enfrenta dificultades económicas.
Konan, también agente de bienes raíces y seguros, afirma que dos empleados de una oficina postal en Euless, Texas, parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, retuvieron deliberadamente su correspondencia y la de sus inquilinos porque les molestaba que fuera negra y propietaria de varias propiedades.
Según los documentos judiciales, el conflicto comenzó cuando Konan descubrió que la llave del buzón de una de sus propiedades fue cambiada sin su autorización. Al acudir a la oficina postal, se le negó una nueva llave hasta que probara su propiedad, algo que finalmente hizo; sin embargo, los problemas persistieron, incluso después de que el inspector general del Servicio Postal ordenara la entrega del correo.
La demanda detalla que parte de la correspondencia fue marcada como “no entregable” o devuelta al remitente, lo que provocó que Konan y sus inquilinos dejaran de recibir documentos importantes, como facturas, medicamentos o títulos de vehículos. También asegura que perdió ingresos por alquiler debido a la mudanza de algunos arrendatarios. Tras presentar múltiples quejas administrativas, Konan presentó una demanda amparada en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, la cual permite acciones legales contra el gobierno en ciertos casos, aunque el Tribunal concluyó que la exención postal prevalece.
