El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló el martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en una demanda relacionada con las restricciones a la libertad de expresión de los jueces de inmigración, una controversia que también afectaba los derechos de los trabajadores federales.
Los magistrados revocaron una decisión de un tribunal inferior que había permitido avanzar el caso. Esa instancia había cuestionado si el sistema de quejas para empleados federales seguía cumpliendo su propósito original, especialmente después de que el presidente republicano despidiera a varios de sus principales funcionarios.
Los jueces de inmigración, que son empleados federales y no forman parte del sistema judicial federal, buscaban impugnar una política que limita sus declaraciones públicas. Dicha restricción comenzó durante el primer mandato de Trump y continuó bajo la administración de su sucesor, Joe Biden. Los demandantes alegaban que se trataba de un asunto de libertad de expresión que debía dirimirse ante un tribunal federal.
El gobierno de Trump argumentó que la disputa debía canalizarse a través del sistema de quejas supervisado por la Junta de Protección del Sistema de Méritos. Finalmente, el Supremo acogió esta postura por motivos procesales.
En su opinión escrita, el juez Clarence Thomas, respaldado por la jueza Amy Coney Barrett, reprendió a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito por involucrarse en “las controversias políticas del día”.
El máximo tribunal también analiza otra demanda sobre el poder del presidente Trump para destituir a los directores de agencias independientes, una decisión que podría alterar la autonomía de los miembros de la Junta de Protección del Sistema de Méritos.
Los jueces promovieron la demanda en 2020, y en diciembre de 2025 el Supremo había emitido un fallo preliminar que les resultó favorable. No obstante, el sindicato que los representa expresó su decepción con la decisión más reciente, subrayando que el caso “está lejos de terminar”.
“La justicia no puede perdurar cuando se intimida a los jueces para que guarden silencio, ni puede una nación seguir siendo libre cuando el Estado de derecho se subordina a los caprichos de la ambición política”, expresó la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración en un comunicado.
Por su parte, el secretario de Justicia interino Todd Blanche celebró la determinación y afirmó que “envía un mensaje claro: los tribunales inferiores deben aceptar que la ley es la ley, sin importar las ‘controversias políticas del día’”.
