La jueza superior Gloria de Jesús Machargo, del Tribunal de Carolina, ordenó al gobierno entregar en un plazo de 48 horas una copia certificada del informe que justifica la decisión de mantener las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
En una resolución de siete páginas, la magistrada acogió la solicitud del representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón A. Torres Cruz, quien pidió a la Policía de Puerto Rico entregar la información.
El dictamen establece que el Estado deberá proveer el gasto anual en peajes y mantenimiento de los vehículos asignados a la exmandataria. Torres Cruz, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, señaló que la decisión “legitima el derecho de los legisladores a solicitar información pública a las agencias”.
El fallo ocurre después de que la gobernadora Jenniffer González vetara el Proyecto del Senado 752, que buscaba eliminar las escoltas vitalicias a exgobernadores, y presentara una medida alterna de administración para atender el tema.
Torres Cruz acudió al tribunal tras recibir una negativa de la Policía a su solicitud. El pedido surgió luego de que Vázquez Garced se declarara culpable en el Tribunal federal por un delito menos grave bajo la Ley de Campañas Electorales (FECA), por presuntamente aceptar promesas de aportaciones ilegales a su campaña política.
El Departamento de Justicia, en representación del Estado, pidió la desestimación del caso alegando que ya había entregado la información entre octubre y noviembre, pero el tribunal concluyó que fue una entrega parcial. La resolución rechazó además los reclamos de confidencialidad del Estado, que había invocado el privilegio abogado-cliente y el privilegio sobre información oficial bajo la Regla 514 de Evidencia.
“La jueza destacó que el derecho de acceso a la información pública es un principio fundamental y constitucional en toda sociedad democrática”, según la resolución. Añadió que la falta de información coarta la libertad de expresión de los ciudadanos, aunque reconoció que el derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones por necesidad imperiosa del Estado.
Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, afirmó en septiembre que no podía eliminar la escolta de Vázquez Garced, ya que la legislación vigente no contempla la pérdida de ese derecho tras una convicción. Recalcó que, conforme al marco jurídico actual y a una decisión previa del Tribunal Supremo —luego de un pleito de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló—, el beneficio constituye un derecho adquirido.
González añadió que solo una nueva ley, aplicable de forma prospectiva, podría modificar o eliminar esa prerrogativa.
