El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico una copia del requerimiento o “subpoena” administrativo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó para obtener datos de más de 6,000 inmigrantes con licencias provisionales en la isla.
La ACLU presentó la demanda el 1 de octubre, exigiendo acceso al documento y a los materiales relacionados con la entrega realizada en enero, luego de que el DTOP se negara a divulgar la información alegando confidencialidad.
La vista del caso se llevó a cabo el jueves ante el juez superior Anthony Cuevas, quien, tras escuchar los argumentos de ambas partes —la ACLU y la representación del Departamento de Justicia a cargo del DTOP—, ordenó en corte abierta la entrega inmediata de los documentos. El Poder Judicial confirmó la determinación y señaló que la resolución será divulgada una vez se emita por escrito.
“El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana, y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental”, declaró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Por su parte, Fermín Arraiza Navas, director legal de la organización, subrayó que el público tiene derecho a saber bajo qué circunstancias se compartió información que “puso a miles de vidas en riesgo” y que, según alegó, contradice la Ley 97 de 2013, la cual garantiza la confidencialidad de esos datos.
A principios de junio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita a ICE, confirmó haber solicitado datos de inmigrantes con licencias de conducir durante la segunda administración de Donald Trump. “Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, indicó entonces Rebecca González Ramos, directora de HSI San Juan.
En aquel momento, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, negó la existencia de alguna petición federal o acuerdo con ICE, aunque más tarde se reveló que la agencia había respondido a un “subpoena” desde enero. Tanto el DTOP como HSI San Juan han asegurado que se trata del único requerimiento relacionado con investigaciones sobre inmigrantes sin estatus definido.
“La decisión, en este caso, reconoce que el público tiene un derecho inalienable a saber cómo se toman las decisiones que nos afectan y que pueden tener consecuencias graves, como los arrestos de personas inmigrantes en violación de sus protecciones constitucionales”, añadió Arraiza Navas.
El Nuevo Día solicitó una reacción del secretario González Montalvo, que aún está pendiente.
