Tokio – Un tribunal japonés declaró a Corea del Norte responsable de violaciones de derechos humanos contra cuatro personas que fueron atraídas al país por falsas promesas de una vida próspera tras la guerra y le ordenó pagarles 22 millones de yenes (unos 143,000 dólares) a cada una. La decisión fue considerada histórica por las víctimas y sus defensores.
El abogado Kenji Fukuda calificó el fallo como un reconocimiento importante de los abusos cometidos, aunque advirtió que será difícil hacer efectivo el pago: “La sentencia no es más que papel mojado”, afirmó.
El juez Taiichi Kamino, del Tribunal de Distrito de Tokio, indicó que los demandantes —coreanos étnicos y japoneses— vivieron durante décadas en condiciones extremas, sin libertad para elegir residencia, escuela o trabajo. “No es exagerado decir que la mayoría de sus vidas fueron arruinadas por Corea del Norte”, expresó, al ordenar un total de 88 millones de yenes (572,000 dólares) en compensación.
El caso se remonta a 2018, cuando cinco personas demandaron al gobierno norcoreano por “solicitación y detención ilegal”. Dos fallecieron, pero uno de los hijos continuó el proceso. Tras varios fallos judiciales, el Tribunal Superior de Tokio confirmó en 2023 la jurisdicción de Japón y reconoció la violación de los derechos fundamentales de los demandantes. Corea del Norte no respondió a la demanda ni envió representación alguna.
Entre los demandantes se encuentra Eiko Kawasaki, de 83 años, nacida en Kioto, quien partió hacia el Norte en 1960 convencida por la propaganda de Chongryon que describía al país como un “paraíso en la Tierra”. Kawasaki descubrió la realidad al llegar a un puerto norcoreano cubierto de ruinas y pobreza. Pasó 43 años atrapada hasta que escapó en 2003, dejando atrás a varios de sus hijos. “Ni siquiera sé si están vivos”, contó emocionada.
Pese al fallo, Kawasaki dijo que apenas es “el principio” y cree que Corea del Norte ignorará la decisión. El abogado Fukuda mencionó que la confiscación de activos norcoreanos en Japón podría ser una vía para lograr la compensación.
Las víctimas también buscan que el gobierno japonés reconozca su papel en el acuerdo de repatriación impulsado por las sociedades de la Cruz Roja de ambos países y ofrezca disculpas. Kawasaki pidió además apoyo para los afectados que siguen en el Norte, comparando su sufrimiento con el de los japoneses secuestrados en las décadas de 1970 y 1980.
Kane Doi, director para Japón de Human Rights Watch, instó al gobierno japonés a aprovechar esta sentencia para presionar a Corea del Norte a rendir cuentas y facilitar el reasentamiento de otras víctimas. Se estima que alrededor de 93,000 coreanos residentes en Japón se trasladaron al Norte entre 1959 y 1984 bajo este programa. Muchos descendientes siguen viviendo en Japón y enfrentan discriminación, un reflejo de las heridas históricas entre ambos países.
Esta historia fue traducida del inglés al español con herramientas de inteligencia artificial y revisada por un editor antes de su publicación.
