El Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra el gobierno de Puerto Rico por el requisito de poseer una certificación de prensa, emitida por el Departamento de Estado, para asistir a las conferencias convocadas por la gobernadora Jenniffer González o funcionarios de La Fortaleza.
Con esta decisión, el foro intermedio revocó la determinación del Tribunal de San Juan, que había considerado inválido el uso del carné estatal como criterio de acceso a las conferencias en la mansión ejecutiva.
“Al existir un ente administrativo designado para expedir las certificaciones a los periodistas, resulta razonable y neutral la directriz del Estado de solicitar acreditación. Este acto no contraviene disposición constitucional alguna ni limita la libertad de prensa. Además, se trata de una medida razonable para facilitar la entrada a las convocatorias”, indica la sentencia.
El panel apelativo, integrado por los jueces Grace Grana Martínez, Eric Ronda del Toro y Glorianne Lotti Rodríguez, concluyó que el requisito es una directriz general, que no discrimina entre medios ni periodistas, y busca uniformar el proceso de entrada a las conferencias.
“El Estado tampoco impidió el trabajo periodístico, sino que, para entrar al recinto de La Fortaleza —residencia del gobernante—, la persona debe portar una certificación que emite el Departamento de Estado”, añadió la decisión redactada por el juez Ronda del Toro.
El tribunal acogió el argumento del gobierno de que el Tribunal de Primera Instancia “abusó de su discreción” al emitir una sentencia declaratoria y conceder un injunction preliminar y permanente sin celebrar una vista evidenciaria.
La demanda se originó en diciembre, cuando se negó el acceso a dos periodistas del CPI a una conferencia en La Fortaleza por no tener el carné estatal. El panel también observó que los demandantes no agotaron los mecanismos administrativos para obtener la acreditación, ya que no demostraron haberla solicitado ni que se les hubiera negado.
En febrero, la jueza Iris Cancio González había determinado que esta identificación no podía usarse como requisito de entrada, al entender que limitaba el derecho constitucional a la libertad de prensa. En su dictamen señaló que negar acceso “coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística” e impide que los comunicadores accedan a información pública esencial.
La acreditación se deriva de la Ley 22 de Tránsito, que originalmente dispuso que el Departamento de Transportación y Obras Públicas autorizara tablillas especiales para la prensa. Desde 2025, cuando González asumió el cargo, el equipo de La Fortaleza exige esa identificación para participar en, al menos, tres conferencias semanales, una práctica inédita en administraciones previas.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) ha expresado su rechazo al requisito, argumentando que la solicitud y posesión de la credencial deben ser voluntarias.
