El Tribunal de Apelaciones decidió atender la petición de certiorari presentada por Moshayra Vicente Cruz, viuda del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, quien busca revertir el fallo absolutorio del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, acusado de asesinar a su esposo.
En una resolución emitida el jueves, el panel compuesto por los jueces Felipe Rivera Colón, José Monge Gómez y Annette Prats Palerm fijó hasta el 30 de marzo de 2026 como fecha límite para que el Procurador General de Puerto Rico presente su alegato en oposición. El tribunal advirtió que, si no comparece en ese plazo, resolverá la controversia sin su participación.
La petición de Vicente Cruz, presentada el 16 de marzo, consta de 15 páginas. En ella solicita que se le reconozca legitimación activa como víctima indirecta, que se revoque el fallo absolutorio y que se examine si el juez incurrió en errores de derecho. La solicitud se presentó luego de que el Estado notificara oficialmente que no apelaría la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, donde el juez Ángel Llavona Folguera exoneró a Meléndez Velázquez de todos los cargos.
“Esta sentencia absurda del juez es contradictoria y errada. Hay un error manifiesto con toda la intención”, dijo Vicente Cruz a El Nuevo Día, al expresar su deseo de que la muerte de su esposo no quede impune.
El incidente ocurrió el 15 de julio de 2025 en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco, durante una disputa vecinal. Meléndez Velázquez enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Viqueira Ríos, de 49 años, era padre de familia y director de la organización ambiental Protectores de Cuencas.
La viuda alegó que el fallo judicial incurre en contradicciones al reconocer elementos de legítima defensa y, a la vez, declarar duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, lo que considera doctrinas jurídicas incompatibles. “El juez erró en derecho porque la legítima defensa no se sustenta. Es una defensa afirmativa que debe probarse, y en este caso no se reunieron los requisitos”, sostuvo.
Vicente Cruz enfatizó que la desproporción del arma utilizada y la provocación inicial por parte del acusado evidencian que la violencia fue injustificada. “Él comenzó con ese sonido de los coquíes hacia nosotros, y aun así no recibe ningún castigo”, declaró.
Finalmente, lamentó que el Estado no asumiera su representación en el proceso. “Yo asumo mi representación por derecho propio, ya que el Estado no me escuchó ni me representó como víctima. Por eso he decidido actuar por mi cuenta”, afirmó.
El Tribunal de Apelaciones deberá ahora evaluar los argumentos presentados antes de emitir una determinación sobre si procede revisar el fallo absolutorio.
