WASHINGTON — Un tribunal federal de apelaciones interrogó a representantes de la administración Trump sobre su decisión de cancelar el programa de “bancos verdes” de energía limpia, respaldado por unos $20,000 millones en fondos federales. Los jueces también pidieron explicaciones a las organizaciones sin fines de lucro seleccionadas para administrarlo, cuestionando si habían intentado controlar recursos que no les correspondían.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia analiza el futuro del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, una iniciativa creada bajo la administración Biden para promover inversiones en energía limpia. Durante una audiencia de tres horas, los jueces expresaron dudas sobre la validez de las acusaciones de mala gestión y fraude utilizadas por la administración Trump para justificar la cancelación del programa.
El abogado de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Yaakov Roth, fue cuestionado por ofrecer explicaciones variables sobre los motivos de la cancelación. Inicialmente, en febrero de 2025, el gobierno congeló los fondos alegando fraude y despilfarro, pero luego argumentó falta de supervisión adecuada de la agencia. Roth defendió la decisión, calificando la estructura del programa como “inadecuada e inaceptable”, y sostuvo que la administración mantiene amplio margen legal para revisar o cancelar contratos federales.
Las organizaciones afectadas, entre ellas Climate United Fund, habían sido seleccionadas en 2024 por el entonces administrador de la EPA, Michael Regan, para manejar los fondos destinados a miles de proyectos de energía limpia y justicia ambiental. Los recursos se depositaron en una cuenta en Citibank antes de ser congelados cuando Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025. Su administrador de la EPA, Lee Zeldin, impulsó la cancelación de las subvenciones argumentando posibles conflictos de interés y fraude.
Durante la audiencia, los jueces también debatieron si el Congreso, al derogar parcialmente la ley de 2022 que autorizó el banco verde, invalidó los reclamos de las organizaciones. El abogado Adam Unikowsky, representante de Climate United Fund, afirmó que la EPA ya había actuado de forma ilegal antes de la derogación. “Derogar una ley no convierte retroactivamente en legal una acción ilegal”, expresó.
En septiembre anterior, un panel del mismo tribunal había resuelto 2-1 a favor del gobierno, al considerar que la administración tenía autoridad para cancelar fondos asignados sin exponerse a demandas en tribunales de distrito. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, escribió la opinión mayoritaria, mientras que la jueza Cornelia Pillard, nombrada por Barack Obama, discrepó señalando que la decisión socava tanto a los grupos de energía limpia como la autoridad del Congreso.
El pleno del tribunal decidió revisar nuevamente el caso dada su relevancia, manteniendo en suspenso la orden anterior de la jueza de distrito Tanya Chutkan, también nombrada por Obama, que había prohibido a la EPA rescindir los contratos hasta culminar el proceso judicial.
