El Tribunal de Caguas autorizó la entrega de expedientes médicos relacionados con el historial de salud mental de Christian Serrano Rosario, imputado de asesinar a su hijo de cinco años en Caguas. La jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo tomó la decisión tras una solicitud presentada por la defensa, lo que llevó a posponer la vista preliminar.
Donald Milán, abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal, explicó que pidió acceso a tres expedientes: uno del Hospital Panamericano correspondiente a una reclusión en 2024; un segundo relacionado con una petición de reclusión involuntaria radicada por la pareja del imputado ese mismo año; y un tercero del Centro Médico Correccional en Bayamón, donde Serrano Rosario está actualmente ingresado.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Amed Rivera Millán y Stephanie Pérez Díaz, se opuso a la entrega de los expedientes del 2024 argumentando que no guardan relación con los hechos. Sin embargo, la jueza concedió la petición y ordenó que los documentos se entreguen antes del 20 de enero. La defensa tendrá hasta el 23 de enero para presentar mociones adicionales.
Milán indicó que los documentos podrían ser clave para determinar si su cliente es no procesable o no imputable por razones de salud mental. “Estamos recopilando información para representarlo adecuadamente”, declaró. Añadió que el pedido cobra relevancia ante las expresiones públicas de la gobernadora Jenniffer González, quien aludió a problemas de salud mental en relación al caso.
El asesinato del menor ocurrió el 5 de enero en el sector El Tamarindo, barrio Tomás de Castro II, en Caguas. La madre del niño hizo la llamada al 9-1-1 tras encontrarlo herido con un arma blanca. Serrano Rosario escapó del lugar, pero fue detenido por agentes de la Unidad Motorizada de Caguas luego de una persecución. Según el Departamento de Justicia, el arma blanca y el vehículo del sospechoso fueron ocupados.
Serrano Rosario enfrenta cargos por asesinato en primer grado bajo el Artículo 93(a) del Código Penal y por violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas. La jueza Irmarie Colón Massó encontró causa para arresto en ambos cargos y le impuso una fianza total de 1.7 millones de dólares. Al no pagarla, permanece sumariado en prisión. La vista preliminar fue reprogramada para el 29 y 30 de enero.
