La jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, se reservó el fallo en el caso en que el Senado busca que el Departamento de Hacienda entregue información sobre las declaraciones contributivas del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía. La vista, celebrada de forma virtual en la sala 907, contó con la participación de representantes legales del Senado, de Justicia y del propio secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.
Cancio González explicó que emitirá su determinación por escrito, al destacar que el caso enfrenta a los tres poderes del Estado y debe manejarse con cuidado. En sala, el Senado reiteró que no pidió acceso directo a documentos contributivos, sino que Hacienda confirme —con respuestas de “sí” o “no”— ciertos aspectos sobre las declaraciones informativas del contratista.
El licenciado Miguel A. Rodríguez Ramos, abogado del Senado, insistió en que la información solicitada es esencial para las funciones de fiscalización legislativa. Sin embargo, el Departamento de Justicia, representando a Pantoja Rodríguez, argumentó que la solicitud viola el derecho a la intimidad de Sagardía, amparado por la Constitución y el Código de Rentas Internas. De hecho, Sagardía compareció ante Hacienda para oponerse a la divulgación.
La licenciada Wilda Irizarry Toro sostuvo que el pleito es prematuro porque el Senado no agotó los mecanismos internos antes de acudir al tribunal. En contraste, el licenciado Ramón L. Ramos Aponte defendió que los contratistas del gobierno no tienen la misma expectativa de privacidad que los ciudadanos comunes, pues deben revelar información contributiva para ser elegibles a contratos públicos.
Previo a la audiencia, Hacienda pidió la desestimación del caso por falta de jurisdicción. Justicia alegó en su moción que el Senado no notificó a Sagardía antes de reclamar judicialmente la información, lo que, según el Estado, invalida el proceso. El Senado, por su parte, reafirmó que su investigación sobre el contratista es legítima y que no se ha solicitado información personal o copias de planillas.
El origen del conflicto se remonta a la resolución sometida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el 12 de marzo, que solicitaba a Hacienda confirmar si Sagardía presentó declaraciones W-2 y 480, junto a detalles como fechas y receptores de pagos. Hacienda se negó el 17 de marzo, invocando confidencialidad. Tras esa negativa, el Senado acudió al tribunal bajo el Artículo 34-A del Código Político para que se ordenara la entrega y se sancionara a Pantoja Rodríguez por desacato.
El pleito se desarrolla mientras el Senado también requiere a los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, así como a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, información sobre los contratos vigentes con Sagardía. La controversia escaló luego de que el abogado defendiera públicamente a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, quien renunció al cargo el 16 de marzo.
La jueza Cancio González ahora deberá decidir si el reclamo del Senado tiene mérito y si el Departamento de Hacienda está obligado a responder las preguntas planteadas, sin violentar la confidencialidad contributiva protegida por ley.
