El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, confirmó que tres empresas alcanzaron una evaluación preliminar “satisfactoria” en el proceso para sustituir a Physician Correctional como administradora del sistema de salud de las cárceles. Se trata de Renaissance Medical Group (RMG), Central Physician Services LLC y Physician Advisers PSC, las cuales demostraron “desempeño altamente satisfactorio” y se consideran las “alternativas más viables”, según el informe preliminar del comité evaluador.
Quiñones Rivera subrayó que ninguna de las tres compañías está relacionada con Physician Correctional ni con la firma de cabildeo Politank. “No ha habido ninguna intervención de esa empresa (Politank) en cuanto a los 12 proponentes”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día. El funcionario aclaró que ninguno de los doce proponentes, incluidos dos que se retiraron —Strategic Providers Alliance y Management Solutions Corp.—, es cliente de Politank, entidad que perteneció hasta finales de 2024 al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que representa a Physician Correctional desde el año pasado.
El secretario agregó que todavía evalúan si alguna compañía pudiera tener vínculos con el proveedor actual. “Ciertamente, es algo que siempre se mira, que no haya un alter ego y terminemos en lo mismo”, advirtió. Añadió que si se detecta una empresa que sea continuidad de la actual, quedará fuera del proceso.
Sobre la contratación de Politank por parte de Physician Correctional, Quiñones Rivera indicó que ello no influye en sus decisiones. “Cada empresa tiene la potestad de contratar a quien entienda que le pueda ayudar en distintas áreas. Eso no cambia mi análisis desde que llegué al DCR”, expresó. Explicó además que en julio notificó por escrito su intención de cambiar el contrato vigente y las razones para hacerlo. “Eso no ha cambiado y no va a cambiar”, enfatizó.
El comité evaluador, integrado por cinco funcionarios de la agencia, recomendó contratar un perito especializado en administración hospitalaria, servicios médicos, psiquiátricos, de farmacia, salud dental y análisis económico. Ese experto realizará una evaluación exhaustiva que se espera culminar en verano. El titular anticipó que el costo de ese contrato será moderado y por corto tiempo, y recordó que el sistema maneja un contrato de $11.5 millones anuales y un fondo de salud correccional de $54 millones.
Quiñones Rivera evitó divulgar los montos de las ofertas para no afectar futuras licitaciones, pero recalcó que el objetivo es garantizar la mejor calidad de servicios, no necesariamente los más económicos. “El costo más caro es no brindarle servicios de salud adecuados a la población correccional… No solo por ellos, sino también por la sociedad”, sostuvo, al destacar la importancia de una atención médica eficiente para los más de 7,000 confinados que se atienden en el sistema.
Hasta el momento, Physician Correctional no ha emitido expresiones sobre los avances del proceso para su posible sustitución.
