Hace casi dos décadas, la histórica líder laboral Dolores Huerta se unió a Mónica Ramírez en Chicago para promover el Proyecto Bandana, una campaña destinada a visibilizar la violencia sexual contra las trabajadoras agrícolas. En ese momento, Huerta habló sobre la importancia de educar a las trabajadoras sobre sus derechos, sin revelar que ella misma había sido abusada por César Chávez, con quien fundó en 1962 la organización que hoy es la Unión de Campesinos.
Las recientes acusaciones contra Chávez, divulgadas por Huerta y otras mujeres, sacan a la luz una cultura de silencio que durante décadas permitió el acoso sexual incluso dentro del movimiento obrero. Para activistas como Ramírez, fundadora de Justicia para las Mujeres Migrantes, estas denuncias marcan un cambio profundo. En las tres décadas posteriores a la muerte de Chávez, numerosas organizaciones lideradas por mujeres han impulsado investigaciones, leyes de capacitación y acuerdos con productores agrícolas para proteger a las trabajadoras.
Datos del gobierno estiman que un cuarto de los más de un millón de trabajadores agrícolas son mujeres. Según estudios de Human Rights Watch y la Universidad de California-Santa Cruz, más del 80% ha sufrido algún tipo de acoso sexual. En 1999, un caso emblemático logró un acuerdo de 1.85 millones de dólares a favor de una trabajadora que denunció insinuaciones sexuales y despido injustificado. Desde entonces, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) ha recuperado millones en compensaciones para víctimas.
Grupos como Líderes Campesinas y Farmworker Caravan continúan organizando talleres y visitas directas a comunidades rurales. Pese a los obstáculos —incluidos los temores por el estatus migratorio—, estos esfuerzos han permitido avances concretos, como la creación del Programa de Alimentos Justos en Florida, que establece códigos contra el acoso y obliga a los empleadores a ofrecer condiciones seguras.
Supervivientes como Huerta, hoy de 96 años, afirman que callaron durante años por miedo a dañar el movimiento, pero reconocen ahora su papel en romper el silencio. “Soy una superviviente de hombres que nos veían como propiedad”, dijo. Expertas como Patricia Campos-Medina, del Worker Institute de la Universidad de Cornell, consideran su testimonio una lección sobre cómo incluso los movimientos progresistas deben enfrentar sus propias estructuras de poder.
El movimiento #MeToo dio nuevo impulso a estas luchas. En 2017, la Alianza Nacional de Campesinas, co-dirigida por Ramírez, envió una carta de solidaridad a las mujeres de Hollywood que se volvió viral y ayudó a financiar el Fondo de Defensa Legal TIME’S UP. Hoy, mujeres como Mily Treviño-Sauceda y Nelly Rodríguez continúan al frente de la batalla para que la justicia laboral y la justicia de género sean una sola causa.
Ramírez concluye que, a pesar de los desafíos, las mujeres del campo “han ejercido su poder y demostrado su liderazgo. No queremos que eso se pierda”.
