La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha iniciado un debate sobre la monetización de las transmisiones judiciales por parte de terceros, un tema que ha ganado relevancia ante la consideración del Proyecto de la Cámara 1211. Este proyecto, presentado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, busca limitar la transmisión de vistas de causa para arresto y vistas preliminares, argumentando que tales transmisiones pueden incidir en la opinión pública y afectar la presunción de inocencia, según informó NotiCel.
Propuesta para Regular las Transmisiones Judiciales
El Proyecto de la Cámara 1211 propone excepciones limitadas para la transmisión de vistas judiciales, permitiendo únicamente aquellas que cuenten con autorización del tribunal para fines educativos o de supervisión judicial. Rodríguez Aguiló ha manifestado su preocupación por cómo algunas páginas en redes sociales monetizan contenido de transmisiones judiciales, lo que podría convertir las vistas en "mini juicios" y afectar la seguridad y la imparcialidad del proceso judicial, de acuerdo con teleonce.com.
Normativa del Tribunal Supremo sobre Cobertura Electrónica
Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aprobado recientemente el Reglamento del Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales (PROCEDI), que entrará en vigor en octubre de 2026. Este reglamento establece normas permanentes para la cobertura electrónica de procesos judiciales, regulando la toma de fotografías, audio y vídeo, así como la reproducción y difusión de contenido por medios de comunicación, como informó NotiCel.
Desafíos y Derechos en Juego
El debate se centra en cómo equilibrar el acceso público a los procesos judiciales con la protección de los derechos de los involucrados y la integridad del sistema judicial. "La tecnología es importante, la transmisión, la pureza. No podemos huirle a este tema, pero tenemos que estar conscientes de esos retos que traen y que han vulnerado derechos que en los procesos habían funcionado bien", expresó el representante Rodríguez Aguiló.
La discusión sobre la monetización de las transmisiones judiciales refleja un esfuerzo por parte de las autoridades legislativas y judiciales para preservar la justicia y garantizar que los procesos no se vean comprometidos por la influencia de los medios y las redes sociales. La pregunta que queda en el aire es cómo las regulaciones futuras impactarán tanto en el acceso público a la información como en los derechos de los acusados.
Fuentes: NotiCel, teleonce.com
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