Hong Kong enfrenta una ola de indignación tras el incendio más mortífero en décadas, donde al menos 156 personas perdieron la vida en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po. La tragedia ha puesto en evidencia presuntas prácticas corruptas y deficiencias en la seguridad de los edificios, además de cuestionar la efectividad de la supervisión gubernamental.
La policía y el organismo anticorrupción han arrestado a 14 personas vinculadas al proyecto de renovación del complejo, incluyendo subcontratistas y directores de empresas constructoras. Se les acusa de homicidio y negligencia grave. Las investigaciones apuntan al uso de paneles de espuma inflamable y redes de calidad inferior, instaladas para reducir costos tras un tifón. Según Eric Chan, secretario jefe de Hong Kong, siete de las veinte muestras de materiales recolectadas no cumplían con las normas de seguridad.
Analistas como Steve Tsang, del Instituto SOAS de China en Londres, advierten que lo ocurrido podría repetirse en otros edificios de gran altura de la ciudad. “La pregunta es si esto puede pasar en cualquier otro lugar”, cuestionó.
El profesor John Burns, de la Universidad de Hong Kong, aseguró que la tragedia ha “abierto la caja de Pandora”, sacando a la luz la colusión, la corrupción y la ausencia de controles efectivos. Ante la crisis, el gobierno suspendió 28 proyectos de renovación similares. Los contratistas comenzaron a retirar materiales combustibles de otros edificios.
Residentes del complejo habían alertado previamente a las autoridades sobre la inseguridad de las redes y materiales de reparación. El Departamento de Trabajo alegó haber realizado 16 inspecciones y haber certificado la calidad del material, sin detectar irregularidades.
El jefe ejecutivo John Lee anunció la creación de un comité independiente, presidido por un juez, para investigar el incendio y prometió una reforma completa del sistema de renovación de edificios. Sin embargo, su gestión enfrenta fuertes críticas por la falta de supervisión. Su asesor, Ronny Tong, defendió la actuación oficial, responsabilizando a los contratistas de engañar deliberadamente al gobierno.
Para analistas como Willy Lam, de la Jamestown Foundation, la ira ciudadana no solo apunta al uso de materiales deficientes, sino a la negligencia institucional. Jason Poon, activista y excontratista, advirtió que el incendio refleja “la punta del iceberg” de un sistema marcado por prácticas fraudulentas y opacidad.
La tragedia ocurre en un contexto político tenso. Desde que Pekín impuso en 2020 la amplia ley de seguridad nacional, el control sobre la disidencia ha aumentado. Las autoridades detuvieron al organizador de una petición que exigía responsabilidades gubernamentales, mientras la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional advirtió contra las críticas “antichinas”.
El politólogo Jean-Pierre Cabestan advirtió que el desastre podría afectar la participación en las elecciones legislativas del 7 de diciembre, vistas por Pekín como un termómetro de apoyo al sistema de “solo patriotas”.
