La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, expresó satisfacción este viernes luego de que el Departamento de Justicia anunciara que no abrirá investigaciones por dos señalamientos en su contra, ambos relacionados con supuestas irregularidades cometidas durante su tiempo en el Departamento de Salud entre 2021 y 2022.
“Siempre confié, primero en Dios, así como en que los procesos hablarían por sí solos, en que la verdad prevalecería. Siempre he actuado de acuerdo a los altos estándares morales que han regido mi vida personal y profesional. La determinación del Departamento de Justicia confirma claramente que no existió conducta ilegal ni intención alguna de faltar a la verdad durante mi proceso de evaluación”, expresó Roig Fuertes en declaraciones escritas.
El jueves, tras el Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, Justicia informó que no reabriría una investigación de 2022 sobre presuntas irregularidades atribuidas a Roig Fuertes cuando dirigía el programa de discapacidad mental en Salud. Además, descartó iniciar una pesquisa preliminar por supuesto perjurio durante su proceso de confirmación como secretaria de la Familia, cuando declaró ante el Senado que no había sido objeto de investigación alguna.
“Agradezco el apoyo de tanta gente que me he encontrado a mi paso y que, aun sin conocerme, me manifestaron su respaldo. Igualmente, a mi familia, amigos y al maravilloso equipo de trabajo de todo el Departamento de la Familia”, expresó la funcionaria, quien aseguró que continuará enfocada en su labor al frente de la agencia.
“Mi respeto profundo a todas las instituciones y los procesos investigativos que se llevaron a cabo. Hoy queda evidenciado que todas las alegaciones carecían de base probatoria suficiente. Mi compromiso sigue siendo trabajar con transparencia, responsabilidad y sensibilidad por las familias de Puerto Rico, cumpliendo con el compromiso programático de la gobernadora Jenniffer González Colón”, añadió.
En 2022, el Departamento de Salud había remitido a Justicia los hallazgos de una pesquisa interna que alegaba que Roig Fuertes favoreció indebidamente la contratación de una empresa de seguridad para ofrecer servicios a un paciente atendido bajo la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual.
