Previo a otorgar una bonificación especial a empleados exentos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), incluyéndose ella misma, la ex presidenta alterna del organismo, Jessika Padilla Rivera, consultó a la Oficina de Asuntos Legales sobre su autoridad para conceder la remuneración.
Según surge de los documentos revisados, la opinión de la Oficina de Asuntos Legales concluyó que Padilla Rivera estaba facultada por ley y por reglamento para aprobar el bono especial. La determinación ocurre en medio de cuestionamientos sobre la legalidad y los criterios utilizados para otorgar dicho incentivo económico dentro de la CEE.
