El Tribunal Supremo de Puerto Rico concedió a la exgobernadora convicta Wanda Vázquez Garced un término de 10 días para que explique por qué no debe ser «disciplinada» por el máximo foro, luego de haberse declarado culpable en agosto pasado por un delito electoral en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Vázquez Garced, la primera exgobernadora en la historia de Puerto Rico en ser convicta, deberá comparecer y mostrar causa «por la cual no debe ser disciplinada por este Tribunal, tras haberse declarado culpable por aceptar la promesa de una contribución política proveniente de un extranjero nacional, en conexión con su campaña política primarista de 2020».
La resolución, con fecha del 4 de febrero, contó con la disidencia del juez asociado Rafael L. Martínez Torres, quien habría ordenado únicamente que la abogada se expresara sobre el asunto que fue referido a la atención del Tribunal, sin ofrecer mayores detalles.
La Ley sobre el Fraude, el Desaforo, la Suspensión Temporal, Compra de Cosa Litigiosa y la Práctica Ilegal en el Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico establece que un abogado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o menos grave, o cualquier delito que implique depravación moral, puede ser suspendido o destituido de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
En agosto de 2025, Vázquez Garced reconoció ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, como parte de un acuerdo con la fiscalía federal, que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política del banquero Julio Herrera Velutini en 2020, en violación de la Ley Federal de Campañas Electorales, que prohíbe aportaciones de extranjeros.
Además de la exgobernadora, el coacusado Mark Rossini, exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), se declaró culpable por servir de intermediario en la promesa de contribución monetaria. Herrera Velutini también se declaró culpable de ofrecer dinero y otros bienes valorados en más de $15,000, pero menos de $25,000, a la campaña de Vázquez Garced.
En enero, el presidente Donald Trump emitió perdones presidenciales a Vázquez Garced y a los otros dos coacusados. Posteriormente, la jueza federal Carreño Coll desestimó todos los casos y canceló las vistas de sentencia pautadas para el 29 de enero.
