El Tribunal Supremo de Puerto Rico archivó, con una votación de 7-2, la querella ética contra la jueza municipal Ginny M. Vélez Carreras, quien en 2024 liberó del uso de grillete electrónico a Wilfredo Santiago Figueroa. Semanas después, el hombre asesinó a su expareja, Linnette Morales Vázquez, y a sus familiares en un feminicidio múltiple ocurrido en Yauco.
El Supremo argumentó que la magistrada cometió un “error de derecho”, pero no actuó con negligencia ni desprecio por la ley. La mayoría, compuesta por jueces designados por gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP), también cuestionó la decisión de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) de iniciar la investigación disciplinaria, señalando que el caso no debió presentarse.
La opinión mayoritaria, redactada por el juez asociado Raúl Candelario López, estableció que la OAT “no usó sanamente su discreción” y que respondió a la presión pública tras la masacre. Candelario López destacó que la imposición del grillete era obligatoria bajo la Ley 54 al tratarse de un reincidente, y reconoció que Vélez Carreras erró al afirmar lo contrario. Sin embargo, sostuvo que esa equivocación no justificaba una sanción disciplinaria.
El Supremo también responsabilizó parcialmente al Ministerio Público. Según el tribunal, la fiscal Alexandra Aulet Morales no informó a la jueza sobre el historial delictivo del acusado ni el requisito de supervisión electrónica. La OAT, por su parte, halló que Vélez Carreras no leyó el informe del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), donde constaban los antecedentes del agresor.
La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez asociado Ángel Colón Pérez emitieron votos disidentes. Oronoz Rodríguez afirmó que Vélez Carreras demostró una “negligencia crasa e inexcusable” al no revisar la información disponible, y defendió que las sanciones disciplinarias son necesarias para garantizar los estándares éticos mínimos.
La jueza presidenta también advirtió que la decisión de la mayoría “lanza una sombra” sobre el trabajo de la Comisión de Disciplina Judicial y debilita los mecanismos de rendición de cuentas del Poder Judicial. Colón Pérez coincidió, señalando que el expediente demostraba “una falta grave de diligencia” en la atención del caso de violencia doméstica.
El caso ocurre en medio de la discusión legislativa del Proyecto del Senado 1096, impulsado por Thomas Rivera Schatz, que propone modificar las facultades de la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Dos semanas después del fallo judicial inicial, Morales Vázquez fue asesinada junto a su madre y hermano. El feminicida se quitó la vida.
