El proyecto de administración que propone enmendar la Ley 54 de Violencia Doméstica recibió este viernes el rechazo de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Según ambas entidades, la medida no fortalece la protección de las víctimas y requiere mayor claridad en su redacción.
Durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico del Senado, la directora ejecutiva de la SAL, Alejandra Belmar Jiménez, manifestó su oposición al Proyecto del Senado (PS) 914, que busca reforzar la ley para garantizar justicia efectiva y mejorar los mecanismos de procesamiento y sanción. El proyecto contempla enmiendas a nueve artículos, entre ellos la ampliación de definiciones, cambios a las órdenes de protección y ajustes en disposiciones penales y procesales.
“La justicia no siempre equivale a más castigo. Más penas y menos derechos no nos van a proteger mejor de estas violencias. Cada caso que llega al Tribunal donde se imputan actos de violencia de género no puede tratarse de la misma forma ni penalizarse con la misma severidad”, expresó Belmar Jiménez, quien cuestionó la necesidad de la medida y recordó que las leyes 137 y 138 de 2025 ya aumentaron protecciones a las víctimas.
Por su parte, Mónica Hernández, abogada de la OAT, recomendó aclarar en el Artículo 2.9 del proyecto la etapa procesal en que el tribunal debe solicitar una evaluación al Departamento de la Familia antes de autorizar contacto entre un menor testigo de violencia doméstica y la persona acusada. Además, pidió que se respete la discreción judicial al atender cada caso.
En la vista también participaron la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia, la Policía y el Departamento de Justicia, agencias que respaldaron el proyecto con ciertas recomendaciones. El senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión, advirtió que esas sugerencias no son meros cambios de estilo, sino ajustes procesales que afectan directamente los derechos de las víctimas.
Toledo López señaló que tanto el Estado como la defensa han coincidido en señalar posibles confusiones en el texto del proyecto que podrían resultar perjudiciales para las víctimas. “Todas esas consideraciones, la Comisión que yo presido, las tiene que tomar en cuenta para redactar un informe que avale o no avale el proyecto”, indicó.
Entretanto, el senador Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño, expresó preocupación por la amplitud del lenguaje del Artículo 2.1 B, y coincidió con la OAT y la SAL en que la ambigüedad del texto puede generar problemas. “Aunque bien intencionado el asunto de las órdenes automáticas, realmente puede ser un disuasivo para que las partes querellantes recurran al tribunal a buscar ayuda”, dijo González Costa, quien no prevé un futuro favorable para la medida en su forma actual.
La Comisión de lo Jurídico continuará celebrando vistas públicas sobre el PS 914 y quedó a la espera de la posición del Colegio de Abogados y Abogadas, que no compareció a la sesión por un problema de notificación.
