Luego de meses solicitando un encuentro con el liderato gubernamental, la presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME), Liz Colón Alicea, se reunió el martes con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para discutir las necesidades apremiantes de los trabajadores del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
Colón Alicea informó a El Nuevo Día que, durante la conversación, abordó temas prioritarios como el aumento salarial, la restitución de los 30 días de vacaciones acumuladas y la situación de empleados transitorios con décadas de servicio. “Se abrió un espacio de diálogo para atender con seriedad los asuntos que afectan a los empleados del NMEAD”, expresó, al destacar que Domenech mostró apertura y compromiso para buscar soluciones.
En la reunión participaron también el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arthur Garffer, y el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez.
A través de una publicación en Facebook, Domenech explicó que el encuentro tuvo como propósito escuchar y atender los reclamos del sindicato en beneficio de los primeros respondedores del NMEAD. “El compromiso de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón es apoyar la labor esencial que realizan nuestros primeros respondedores en la protección de vidas y propiedad en Puerto Rico”, afirmó.
La presidenta del SAME llevaba meses solicitando un diálogo con la dirección del DSP, con la que no se reunía desde octubre de 2025, cuando denunció faltas de respeto de Garffer, hechos que dieron paso a querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General.
En enero, el sindicato envió una carta a la gobernadora en la que detalló sus reclamos laborales: rezago salarial, falta de reconocimiento de funciones duales, escasez de personal, deficiencias de equipo, incumplimiento del convenio colectivo, falta de vehículos, deterioro de instalaciones y diversas fallas administrativas.
Colón Alicea reiteró que los empleados del NMEAD devengan lo que describió como “sueldos de pobreza”, entre $1,348 y $1,800 mensuales, sin aumentos salariales en más de 15 años.
El secretario del DSP reconoció los retos en reclutamiento y retención del personal, y aseguró que se han dado pasos para atenderlos. Entre ellos, destacó la entrega reciente de uniformes nuevos. Además, en febrero sostuvieron una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para revisar los planes de clasificación y retribución. Según Garffer, la cita fue “excelente” y permitió incluir en las conversaciones las condiciones de otros primeros respondedores.
“El resultado de esa reunión será muy positivo”, adelantó el secretario a principios de marzo. Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón reafirmó esta semana que “las acciones se están tomando”, aunque aún se espera por la aprobación de la JSF y de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para implementar las recomendaciones del gobierno.
