Pese a una orden judicial que prohíbe obstruir el acceso a los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Sindicato de Trabajadores informó que mantendrá los piquetes en el campus de Cayey. Su presidente, David Muñoz, afirmó que “nunca” se cerraron los portones y que las manifestaciones continuarán hasta que se atiendan las querellas por supuesto hostigamiento laboral contra un supervisor del área de conserjería.
“Hubo un cambio en la estrategia. Continuaremos haciendo lo que consideramos justo para la paz de nuestros empleados y exigiendo un ambiente libre de hostigamiento laboral”, indicó Muñoz a El Nuevo Día. Según el líder sindical, más de 60 empleados se reunieron en los talleres del Departamento de Recursos Físicos para recibir instrucciones y evitar confrontaciones.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitió el jueves una orden de entredicho que impide al Sindicato bloquear los accesos de todos los recintos y unidades del sistema UPR. Sin embargo, Muñoz insistió en que el paro en Cayey, iniciado la semana pasada, responde a la reinstalación de un supervisor que había sido removido en agosto por alegadas prácticas “antiobreras” y violaciones al convenio colectivo.
“Nunca la intención fue que el paro se extendiera más de una semana, pero no se han atendido los reclamos”, señaló Muñoz, quien estimó que existen más de 50 querellas contra el funcionario. Según explicó, la administración del recinto pidió más tiempo para acudir al tribunal, aunque no ofreció soluciones concretas.
El dirigente aclaró que no buscan el despido del supervisor, sino su reubicación. Recordó que este fue nombrado por la exrectora Carmen Quiroga, quien renunció en agosto a petición de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. Muñoz denunció además que la actual rectora interina, Rochellie Martínez Vivas, desmanteló el “acuerdo verbal” previamente alcanzado para reubicar al supervisor y removió a quienes participaron en ese proceso.
En cuanto a los piquetes, el líder sindical sostuvo que “no estábamos bloqueando nada, sino que la gente ve el piquete en los portones y decide no entrar”. También mencionó que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios decidió no cruzar la línea de protesta.
Otro motivo de preocupación del Sindicato es que varios de los empleados querellantes tienen contratos que vencen el 31 de diciembre, y la renovación está en manos del supervisor acusado. “No saben si el año próximo tendrán empleo. Están reclamando acoso laboral y van a ser evaluados por el mismo supervisor que acusan. Temen represalias que les dejen fuera del recinto. Denunciamos que se juegue con el futuro y las habichuelas de nuestros trabajadores”, expresó Muñoz.
Al cierre de esta edición, la rectora interina Martínez Vivas no había emitido declaraciones sobre el conflicto.
