El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey anunció que mantendrá sus piquetes en el recinto, a pesar de una orden judicial que le prohíbe obstruir los accesos. Su presidente, David Muñoz, aseguró que la unión “nunca cerró los portones ni bloqueó la entrada” y que las manifestaciones continuarán hasta que se atiendan las querellas por presunto hostigamiento laboral contra un supervisor del campus.
“Hubo un cambio en la estrategia. Continuaremos haciendo lo que consideramos justo para la paz de nuestros empleados y exigiendo un ambiente libre de hostigamiento laboral”, sostuvo Muñoz en entrevista con El Nuevo Día. Según indicó, más de 60 empleados se reunieron para recibir instrucciones y evitar confrontaciones con el supervisor señalado.
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan había emitido el jueves una orden provisional de entredicho que impide al Sindicato obstruir los accesos de todos los recintos y unidades de la UPR. Las protestas surgen tras la reinstalación del supervisor que, de acuerdo con la unión, fue removido en agosto por “prácticas antiobreras” y que enfrenta más de 50 querellas.
“No estamos reclamando que lo despidan, sino que lo reubiquen en otro lugar”, puntualizó Muñoz, quien lamentó que la administración no haya ofrecido resultados tras una reunión el martes. Sostuvo que la administración del recinto solicitó más tiempo para acudir al tribunal.
El dirigente sindical señaló que el supervisor fue nombrado por la exrectora Carmen Quiroga, quien renunció en agosto tras una supuesta petición de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. Según el Sindicato, un acuerdo verbal con la pasada administración había reubicado al supervisor, pero la actual rectora interina, Rochellie Martínez Vivas, habría revertido esa decisión.
Muñoz insistió en que “no estábamos bloqueando nada, sino que las personas ven un piquete en los portones y se van; no había a quién bloquear”. También afirmó que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios decidió no cruzar la línea de piquete.
Algunos empleados que alegan hostigamiento temen represalias, pues sus contratos vencen el 31 de diciembre y serán evaluados por el mismo supervisor que denuncian. “No saben si el año próximo tendrán empleo. Denunciamos que se juegue con el futuro y las habichuelas de nuestros trabajadores”, advirtió Muñoz.
El Nuevo Día solicitó una reacción a la rectora interina Martínez Vivas, pero al cierre de esta edición aún no había respondido.
