Tras una reunión en La Fortaleza, el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) solicitó la renuncia del comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, y reiteró su petición de dimisión al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arthur Garffer.
La presidenta del sindicato, Liz Colón Alicea, sostuvo que ambos funcionarios carecen de las capacidades necesarias para atender las necesidades urgentes del sistema de emergencias. Indicó que, durante un encuentro reciente con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se evidenció la falta de resultados de Garffer y Jiménez. “Solicitamos también la renuncia del comisionado porque no tienen las capacidades para estar en estas funciones. Esto lo vemos cuando tienen que ir a un funcionario mayor sin una respuesta, ni resultados”, afirmó Colón Alicea a El Nuevo Día.
Entre los puntos discutidos en la reunión se incluyeron el rezago salarial de más de 15 años sin aumentos, la falta de equipo y vehículos, la situación de empleados transitorios, el incumplimiento del convenio colectivo y los problemas de reclutamiento. Colón Alicea lamentó la ausencia de respuestas concretas y criticó que ambos jefes atribuyeran la falta de avances a otras agencias y a la Junta de Supervisión Fiscal.
“El país tiene que saber que, aunque hubo apertura en la discusión, aún no existen respuestas concretas a los reclamos urgentes de quienes sostienen el sistema de emergencias en Puerto Rico”, dijo la dirigente sindical. Según relató, Domenech pidió “unas semanas” para atender los asuntos planteados y mostró disposición para colaborar.
Colón Alicea también recalcó que la situación lleva años sin atenderse y que los directivos del DSP y el NMEAD debían contar con un plan de acción. “El pueblo merece un sistema de emergencias fuerte, funcional y respaldado por una administración comprometida. Nuestros manejadores de emergencias no pueden seguir siendo ignorados”, subrayó.
La líder sindical recordó que SAME no se reunía con el DSP desde octubre de 2025, cuando denunció supuestas faltas de respeto por parte de Garffer, lo que derivó en querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General.
En enero, el sindicato envió una carta a la gobernadora Jenniffer González detallando sus reclamos: bajos salarios, carencia de vehículos, deterioro de instalaciones y deficiencias en equipos. Garffer ha reconocido algunos de estos retos, como la dificultad para reclutar y retener personal, y destacó que recientemente entregaron uniformes nuevos a los empleados.
En febrero, el DSP sostuvo una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal para revisar los planes de clasificación y retribución, la cual Garffer describió como “excelente”, asegurando que se abrió la puerta para incluir a otros primeros respondedores en las conversaciones.
