En el primer día de sesión legislativa de 2026, el Senado y la Cámara de Representantes reactivaron el debate sobre la eliminación del servicio de escoltas a los exgobernadores de Puerto Rico. Ambos cuerpos aprobaron medidas con ese fin, aunque con diferencias notables en su alcance.
Una de las propuestas fue presentada por la gobernadora Jenniffer González, quien busca retirar las escoltas solo a exmandatarios convictos en foros estatales o federales, y a los aspirantes a la gobernación y a comisionado residente en Washington. En su versión, el proyecto establece que “cualquier exgobernador(a) […] convicto(a) por delito grave o menos grave […] no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas o seguridad del Gobierno de Puerto Rico”.
El Senado también consideró una medida del senador Juan Oscar Morales, idéntica al Proyecto del Senado 752, vetado previamente por la mandataria. Dicho proyecto proponía eliminar las escoltas a todos los exfuncionarios, sin importar si enfrentaron convicciones criminales. Durante el debate del nuevo Proyecto del Senado 880, Morales defendió su iniciativa afirmando: “A veces, lo correcto tiene consecuencias, pero creo que estoy haciendo lo correcto”.
Ambas propuestas fueron aprobadas: la del Ejecutivo obtuvo 20 votos a favor y siete en contra, mientras el PS 880 de Morales contó con voto unánime de 28 senadores. Se añadió una enmienda que permite a futuros exgobernadores mantener las escoltas durante un año tras dejar el cargo.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, responsabilizó al superintendente de la Policía, Joseph González, por no retirar el beneficio a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien fue convicta por un delito electoral menor en la esfera federal. “Este proyecto no se trata de la escolta de la actual gobernadora ni de agendas particulares”, señaló Rivera Schatz. “La mayoría de la ciudadanía entiende que son innecesarias las escoltas para los exgobernadores”.
En la Cámara de Representantes, la versión del Ejecutivo —Proyecto de la Cámara 990— también fue aprobada de manera unánime. Los legisladores del PPD Héctor Ferrer Santiago y Denis Márquez Lebrón, del PIP, intentaron extender la eliminación de escoltas a todos los exgobernadores, pero sus enmiendas fueron derrotadas por la mayoría del PNP. “Ha quedado demostrado que la administración del PNP no tiene inconveniente con que funcionarios que no deben tener escoltas las mantengan”, dijo Ferrer Santiago.
La única enmienda aceptada fue del representante Ramón Torres Cruz, quien amplió la prohibición a cualquier funcionario convicto de delito. Torres Cruz observó que, según la Ley 2 de 1965, solo se considera exgobernador a quien fue electo y completó su mandato, por lo que cuestionó si Vázquez Garced podría ampararse en esa definición. Su caso judicial busca acceso al informe de la Policía que justificó mantenerle la escolta.
La convicción de Vázquez Garced desencadenó la reactivación legislativa sobre este privilegio, un tema que, según varios legisladores, cuenta con amplio consenso social de que debe eliminarse o limitarse severamente.
