La Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado emitió un informe negativo sobre el Proyecto del Senado (PS) 916, una medida de administración presentada por la gobernadora Jenniffer González que buscaba legalizar el tránsito de vehículos todoterreno por ciertas vías públicas. El presidente de la comisión, Héctor Joaquín Sánchez, confirmó la decisión y explicó que la propuesta no cumple con los estándares de seguridad vial, protección ambiental y fiscalización que requiere el país.
“La divergencia entre lo que el PS 916 dice representar y lo que efectivamente dispone genera una incongruencia que esta Comisión no puede avalar”, señaló el informe, que resalta que el proyecto no recoge las recomendaciones del proceso multisectorial que le dio origen. Con esta determinación, la medida no podrá ser llevada al pleno para votación.
En la Cámara de Representantes aún se considera una versión similar, el Proyecto de la Cámara 1018. No obstante, el presidente de la Comisión de Transportación cameral, José “Cheíto” Hernández, recomendó a la gobernadora que retire la propuesta. “Mi recomendación a La Fortaleza es que retire el proyecto. Vi el informe del Senado y estamos más o menos en la misma línea”, expresó Hernández, quien adelantó que su comisión también se inclina a emitir un informe en contra.
El proyecto proponía la creación del registro “VTT Street-Legal” para permitir que los conductores inscritos pudieran transitar vehículos todoterreno y de baja velocidad por vías secundarias y terciarias. Sin embargo, varias entidades no favorecieron la medida tal como fue presentada. La Policía, por ejemplo, solicitó enmiendas para establecer los 18 años como edad mínima para operar estos vehículos —el PS 916 proponía 16— y que los concesionarios registraran las unidades ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) antes de entregarlas.
Entre las mayores preocupaciones legislativas se destacó que la medida otorgaba al DTOP la autoridad para definir, mediante reglamento, las vías por donde podrían circular los llamados “four tracks”, sin requerir la aprobación de la Asamblea Legislativa. Además, el proyecto permitía su tránsito por todas las vías públicas, incluidas autopistas y carreteras principales, disposición que el comité asesor del Ejecutivo había desaconsejado por considerarla riesgosa.
La Comisión senatorial reconoció la necesidad de atender el problema de proliferación de estos vehículos, pero concluyó que las disposiciones del PS 916 no eran coherentes con el proceso técnico impulsado a través de la Orden Ejecutiva OE-2025-029. El grupo de trabajo creado por la gobernadora había recomendado limitar el tránsito de los vehículos todoterreno a vías designadas y requerir un endoso especial en la licencia de conducir, con capacitación certificada por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
El informe senatorial concluyó que la medida sustituía esos controles por una simple autorización del DTOP, sin incorporar los mecanismos de seguridad ni certificación interagencial que el grupo consideró indispensables. Entre las entidades que se opusieron a la legislación se encuentran la Asociación de Compañías de Seguros y las administraciones municipales de Vieques y Culebra, mientras que otras, como el Departamento de Justicia y la Oficina del Comisionado de Seguros, la favorecieron con enmiendas. El Nuevo Día aún espera por una reacción de la gobernadora.
