Promesas de resultados rápidos y cambios visibles en pocas sesiones abundan en redes sociales. Sin embargo, pocas veces los pacientes preguntan por credenciales, permisos o si las sustancias utilizadas están reguladas.
A partir del 4 de marzo, el Senado comenzará a evaluar una medida que reconoce “un alza en la demanda por tratamientos rápidos y aparentemente inocuos” y busca establecer parámetros claros sobre quién puede ofrecerlos, en qué condiciones y bajo qué supervisión.
El senador Juan Oscar Morales explicó que, tras una investigación sobre medicina estética, se identificó un aumento anual de pacientes que llegan al Centro Médico por malas prácticas, con unos 100 casos al año. Señaló que encontró negocios de blanqueamiento dental operando en marquesinas y salones de belleza donde se inyecta botox. Morales es autor del Proyecto del Senado 971.
La legislación advierte que este fenómeno no es exclusivo de Puerto Rico. En Estados Unidos, los “medical spas” pasaron de 1,600 en 2010 a más de 10,500 en 2023, en un escenario regulatorio fragmentado. Datos de la American Society of Plastic Surgeons indican que los procedimientos cosméticos mínimamente invasivos crecieron cerca de un 7% en 2023.
El proyecto señala que en Puerto Rico ha habido una expansión desordenada de clínicas estéticas, centros de inyectables y negocios de sueroterapia, muchos fuera de parámetros médicos tradicionales, lo que abre la puerta a riesgos.
Entre las disposiciones, se exigiría licencia del Departamento de Salud para todo centro estético o de sueroterapia, renovable cada dos años, sujeta a inspecciones y supervisión médica. Ningún procedimiento podrá realizarse sin supervisión directa o delegada de un médico autorizado.
La medida define “procedimiento estético” como intervenciones no quirúrgicas para modificar la apariencia, incluyendo inyectables, rellenos dérmicos, toxina botulínica, tratamientos láser, radiofrecuencia, micropunción y ‘peelings’ químicos.
El médico supervisor deberá evaluar al paciente, certificar la idoneidad del tratamiento, firmar protocolos y estar disponible para emergencias. Morales afirmó: “No estoy en contra de estas prácticas… pero tiene que estar regulado”.
Para la sueroterapia, se requerirán áreas estériles, protocolos de control de infecciones, equipo de emergencia y uso de productos regulados con “trazabilidad verificable”. Los pacientes recibirán consentimiento informado, que deberá guardarse por al menos cinco años.
El proyecto contempla multas de entre $5,000 y $10,000, además de suspensión o revocación de licencias y cierre de establecimientos. Morales, también portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, anticipó al menos tres audiencias públicas y posibles enmiendas.
