El Senado confirmó este lunes a Luis Augusto Martínez Román como secretario del Departamento de la Vivienda, cargo que ocupaba desde marzo tras la renuncia de Ciary Pérez Peña, quien enfrentó señalamientos por presuntas irregularidades en un centro de inspección que le perteneció.
La confirmación se aprobó con 23 votos a favor y ninguno en contra, mientras cinco senadores estuvieron ausentes. La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz, destacó su experiencia y compromiso con la política pública de vivienda en Puerto Rico.
Durante la vista pública, Martínez Román subrayó que su prioridad será acelerar la utilización de los fondos federales para transformarlos en vivienda, infraestructura y desarrollo económico tangible. Explicó que su iniciativa “Construyendo el 2026” contempla 884 proyectos con potencial de construcción este año, con una inversión estimada de $1,640 millones, de los cuales 233 proyectos por $199 millones ya están en marcha.
El titular señaló que el Departamento administra $20,600 millones en fondos del Community Development Block Grant (CDBG), de los cuales $15,400 millones están obligados y $5,800 millones ya fueron desembolsados. Anticipó que la meta es alcanzar el 100% de fondos obligados antes del vencimiento de los programas CDBG-DR y CDBG-MIT, en 2029 y 2033, respectivamente.
Licenciado en Justicia Criminal por la Universidad Interamericana y con un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, Martínez Román se desempeñaba como asesor legal en la Oficina de la Gobernadora antes de su designación.
El Senado también confirmó a Omar A. Afanador Villanueva como procurador de Asuntos de Familia, a Gloryvee Berenguer García como procuradora de Asuntos de Menores, y a Néstor L. Márquez Rivera y Clarimar Marie Álvarez Carrasquillo como fiscales auxiliares.
Durante la vista, el senador Ángel Toledo preguntó a Martínez Román sobre un presunto vínculo con el empresario convicto Oscar Santamaría, a lo que el funcionario respondió que nunca ha tenido relación con él y que las alegaciones difundidas en redes sociales eran falsas. Explicó que en 2018 ayudó a incorporar una empresa que posteriormente tuvo negocios con Santamaría, pero aclaró que para entonces ya había renunciado.
Martínez Román también indicó que, aunque el gobierno no emitió comentarios formales sobre los nuevos reglamentos del Departamento de Vivienda federal (HUD), llevó personalmente sus preocupaciones a esa agencia en Washington DC. Afirmó que mientras las disposiciones federales sean discrecionales, no habrá cambios en los programas locales de vivienda subsidiada.
En la misma sesión senatorial se evaluó el nombramiento de la doctora Catherine Oliver Franco, actual administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), como procuradora del Paciente. Aunque su designación no fue considerada, Oliver Franco presentó cinco áreas prioritarias para su posible gestión, incluyendo la defensa y fiscalización activa, la educación y el empoderamiento del paciente.
Comentó que la procuraduría enfrenta limitaciones con un presupuesto aproximado de $2.09 millones y 28 empleados, de los cuales 15 atienden llamadas. En 2025, la oficina recibió más de 11,000 llamadas y 1,600 querellas. Ante cuestionamientos sobre su cambio de puesto, dijo que busca darle mayor visibilidad a la entidad y defender la voz de quienes no la tienen.
