El Senado aprobó este lunes de forma unánime un proyecto de ley del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, para eximir del pago de contribuciones la liquidación de licencias de vacaciones y enfermedad a empleados públicos estatales y municipales al momento de su jubilación o renuncia.
Bajo el marco contributivo actual, estos pagos están sujetos a contribuciones, lo que reduce sustancialmente el beneficio económico que reciben los servidores públicos al culminar su servicio. “Cómo es posible que, tras que le quitamos todo, cuando a la persona se le va a dar esas liquidaciones, también se le cobren contribuciones”, expresó Matías.
El senador explicó que el Proyecto del Senado 1044, atendido por descargue y sin informe, responde a la aprobación previa de estatutos que han impactado los beneficios de los empleados públicos. A su juicio, se trata de una medida de justicia y aseguró que no debe verse frenada por la oposición de la junta de control fiscal.
Matías indicó que la legislación no afecta los estimados de ingresos del gobierno ni compromete recursos recurrentes, por lo que se considera fiscalmente neutral y cumple con los criterios del ente fiscal.
Durante la misma sesión, el Senado también aprobó el Proyecto de la Cámara 640 para que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) establezca, incluso mediante acuerdos colaborativos, un programa de apoyo a abuelos cuidadores. La iniciativa contempla orientación legal, acceso a beneficios públicos, apoyo emocional y consejería comunitaria.
Según datos del Censo, para 2016 en Puerto Rico había 31,689 abuelos a cargo totalmente de sus nietos, sin mediación de los padres, y el 72% tenía entre 50 y 69 años. La medida eleva a rango de ley los programas “Abuelos Cuidando Nietos” y “Abuelos Adoptivos”, que ofrecen ayudas económicas y servicios a menores con diversidad funcional.
Por otro lado, el Senado derrotó una medida de la Cámara de Representantes que permitía a los municipios reclamar reembolso por gastos relacionados con propiedades adquiridas por el gobierno central mediante expropiación forzosa. El Proyecto de la Cámara 530, del representante Edgar Robles, buscaba que los municipios fueran considerados como personas para efectos de reclamar justa compensación, pero no recibió el aval final.
