El Senado aprobó por unanimidad el Proyecto de la Cámara 602, que concedería un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito, peajes y otras infracciones bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. La medida, impulsada por el representante José “Cheito” Hernández, busca fomentar el pago acelerado de multas emitidas y registradas en las estaciones de AutoExpreso, así como otras faltas administrativas relacionadas con permisos vencidos de vehículos de motor.
Con una votación de 26-0, la propuesta ahora regresa a la Cámara de Representantes para considerar las enmiendas realizadas por el Senado. Si el cuerpo baja las acepta, el proyecto pasaría a La Fortaleza para la consideración de la gobernadora Jenniffer González.
“Hoy la Asamblea Legislativa habló con una sola voz a favor de nuestros conductores. Con esta medida le hacemos justicia a esos hombres y mujeres que han tenido dificultades con multas administrativas, recordando que Puerto Rico ha vivido huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19. También representa ingresos nuevos para el Gobierno que ahora no existen”, afirmó Hernández, representante del Distrito #3 de San Juan.
Según el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), hasta mayo las deudas acumuladas por multas ascendían a $560.5 millones, de los cuales $315.7 millones corresponden al principal y $244.8 millones a recargos.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el DTOP recomendaron excluir más de 20 tipos de infracciones que representan alto riesgo a la seguridad vial. La versión final incluye delitos como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, regateo, exceso de velocidad (incluyendo zonas escolares), rebasar una luz roja, negligencia temeraria, estacionarse en espacios para personas con impedimentos, no detenerse ante un transporte escolar, no usar asiento protector y hablar por celular mientras se conduce.
El descuento aplicaría por un periodo de 120 días a partir de la vigencia del reglamento. En el caso de AutoExpreso, solo se aplicaría al monto de las multas, mientras que los peajes adeudados deberán pagarse en su totalidad. Para acogerse al beneficio, los ciudadanos deberán saldar toda la deuda en un solo pago, sin planes a plazos.
El proyecto también establece que los funcionarios electos y aquellos que requieren confirmación legislativa no podrán acogerse a la amnistía. Roberto Rivera Cruz, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), advirtió que la medida debe incluir mecanismos compensatorios para no afectar el presupuesto, y sugirió discutirla junto con las reformas contributivas propuestas por el Ejecutivo.
Un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que la amnistía podría costar $103.7 millones en recaudos, mientras el Departamento de Hacienda proyectó un impacto de $113.6 millones. Hacienda solicitó un periodo de 120 días para implementar la ley, aunque la gobernadora ha señalado que es innecesaria, pues la Ley 52-2025, firmada en julio, ya ofrece alternativas de pago.
