El Senado aprobó este jueves un proyecto de administración que prohíbe la “influencia económica” de personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas. La medida se complementa con otra que dispone que el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) integre el “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”.
El informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos señaló que la legislación busca fortalecer el derecho electoral, el sistema de financiamiento de campañas y la protección del sufragio universal. Se trata del Proyecto del Senado 920.
Según el proyecto, se considera persona jurídica extranjera toda aquella organizada, incorporada o registrada fuera de Puerto Rico o Estados Unidos, sin importar si mantiene o no operaciones en la isla. Estas entidades no podrán, directa o indirectamente o mediante sus directivos, gerentes, socios o subsidiarias, realizar donativos ni constituirse como comité de acción política.
El proyecto recibió el aval de la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges. La medida no fue discutida en el pleno.
El Senado también respaldó el Proyecto del Senado 921, de administración, que dispone la inclusión del comisionado del NIE en el grupo anticorrupción. La medida amplía las funciones del grupo para promover políticas públicas de integridad, revisar el marco legal vigente y analizar riesgos detectados por auditorías o investigaciones.
Por otro lado, fue rechazado el Proyecto del Senado 744, presentado por el senador independiente Eliezer Molina. La propuesta buscaba requerir a las plantas de concreto que solicitaran copia del permiso de construcción antes de vender material, como medida para reducir las construcciones informales. También proponía destinar las multas al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.
“Se van a reducir los riesgos de perder vidas en el litoral costero o ante terremotos o huracanes”, argumentó Molina durante el debate, aunque su iniciativa no prosperó.
La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve votó en contra al señalar que, aunque compartía el propósito del proyecto, no coincidía con el método propuesto. Alegó que la medida trasladaba al sector privado la labor fiscalizadora del gobierno y añadía una carga económica al ciudadano que desea construir. “Aunque esto tenga un buen propósito, el que quiera construir de forma ilegal, lo hará”, dijo, apuntando además que la entrega del concreto ocurre al final del proceso constructivo.
El proyecto recibió nueve votos a favor y 13 en contra, y fue rechazado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Asociación de Constructores.
La sesión legislativa evidenció un consenso en torno a reforzar la transparencia electoral y el combate a la corrupción, mientras persiste el debate sobre la responsabilidad de fiscalización de las construcciones en el país.
