El Senado aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 165 para prohibir los baños inclusivos, mixtos o neutros en dependencias gubernamentales, municipios y en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Según el informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por el senador Thomas Rivera Schatz, la legislación es “pertinente, necesaria y razonable”, ya que establece parámetros claros para el uso de facilidades públicas y una política pública coherente con valores constitucionales de seguridad, igualdad y respeto a la dignidad humana.
La medida fue respaldada por 21 senadores y recibió cinco votos en contra. Se opusieron los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Javier Hernández y José A. Santiago; los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Adrián González; y el senador independiente Eliezer Molina Pérez.
El proyecto fue aprobado con enmiendas, por lo que deberá regresar a la consideración de la Cámara de Representantes. El análisis senatorial se basó en memoriales explicativos de agencias públicas y entidades no gubernamentales que también fueron evaluados por la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara. No se celebraron vistas públicas.
De acuerdo con el informe de 18 páginas firmado por Rivera Schatz, la medida reafirma el compromiso del Estado con la seguridad, la dignidad y la protección de las personas en espacios públicos, al establecer normas compatibles con el orden constitucional e incorporar mecanismos inclusivos y fiscalizadores.
Durante su trámite en la Cámara, el proyecto fue enmendado para extender su alcance a corporaciones públicas y municipios. Establece que no se permitirá “personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado” y dispone que los baños con un solo equipo sanitario se designen como baños familiares. Además, determina que todos los baños se dividan por el sexo biológico, específicamente para mujeres y para hombres.
Organizaciones como la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y True Self Foundation han denunciado que la medida representa un ataque a las comunidades trans, intersex y no binaria, al impedirles el acceso a un servicio básico como el uso de un baño sin temor a la discriminación.
