En una votación unánime, el Senado aprobó un proyecto de ley que reconoce el maltrato a animales como una forma de intimidación hacia los adultos mayores. La medida, contenida en el Proyecto de la Cámara 931, fue presentada por la representante Yashira Lebrón y enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019).
La Comisión de Familia del Senado, presidida por Wanda Soto, sostuvo que la legislación responde a realidades sociales contemporáneas documentadas por diversas entidades gubernamentales y organizaciones de derechos. El proyecto establece que el abuso o daño a una mascota de un adulto mayor puede ser un mecanismo de coacción, presión moral o daño emocional, y justifica órdenes de protección judicial preventivas.
El informe legislativo aclara que la medida no crea nuevos delitos ni modifica tipificaciones penales, sino que refuerza el marco civil protector bajo la Ley 121‑2019. La propuesta recibió respaldo durante las vistas públicas de AARP Puerto Rico, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, y los departamentos de la Familia y de Justicia.
Según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2024 residían en Puerto Rico 788,787 personas de 65 años o más, un aumento de 66,219 respecto a 2020.
En paralelo, la Comisión de Familia del Senado presentó hallazgos sobre la creciente explotación financiera de adultos mayores, señalando deficiencias en la implementación y coordinación interagencial, así como en la educación ciudadana. La Resolución del Senado 75 ordenó una investigación sobre los protocolos bancarios para prevenir este tipo de delito.
El Departamento de Justicia informó que entre el 1 de enero de 2022 y el 12 de septiembre de 2025 se radicaron 120 casos de explotación financiera bajo el Código Penal, de los cuales 90 fueron catalogados como graves. Las regiones de Aguadilla, Bayamón, San Juan, Caguas y Arecibo reflejaron mayor incidencia.
La Comisión recomendó ajustar el umbral de la modalidad grave a cualquier monto superior a $501 y establecer la obligación de imponer restitución en todos los casos. También propuso agravar las penas cuando el delito lo cometa alguien en posición de confianza o tutela. Wanda Soto destacó que el envejecimiento poblacional y la sofisticación de los fraudes hacen necesarias nuevas medidas legislativas.
