CONCORDIA, MÉXICO — En las montañas costeras cercanas a Mazatlán, el silencio domina pueblos casi vacíos donde el miedo mantiene alejados a los residentes. En Pánuco, diez empleados de una mina de plata y oro propiedad de la firma canadiense Vizsla Silver Corp fueron secuestrados a finales de enero. Los cuerpos de cinco fueron hallados días después, mientras otros cinco permanecen sin identificar.
El secuestro ocurrió en medio de una guerra interna entre facciones del cártel de Sinaloa, activa desde septiembre de 2024. Según habitantes, los criminales obligaron a muchos a abandonar sus hogares. Este episodio ha puesto en duda las mejoras de seguridad anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una estrategia más agresiva contra el narcotráfico tras asumir el poder a fines de 2024. La mandataria había destacado el descenso en los índices de homicidios como señal de éxito, aunque analistas advierten que hechos como este contradicen esa narrativa.
“Lo que hacen estos episodios es echar por tierra la narrativa del gobierno federal”, señaló el experto en seguridad David Saucedo, quien considera que la administración intenta controlar el conflicto mientras el cártel se fractura.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, coordinó la operación de búsqueda tras la desaparición de los trabajadores. Varias detenciones llevaron al hallazgo de fosas clandestinas, pero la presencia militar no ha devuelto la calma. “Prácticamente nos han abandonado”, dijo Roque Vargas, activista por los derechos de desplazados, al expresar su temor de que los grupos del crimen regresen.
La violencia se desató cuando Sheinbaum asumió el poder, luego del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que provocó una guerra entre ambas facciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, aumentando la presión sobre el gobierno mexicano.
Vizsla suspendió temporalmente sus operaciones por motivos de seguridad. Según García Harfuch, los responsables del secuestro pertenecen a la facción conocida como “los Chapitos”, que habría confundido a los trabajadores con rivales. El gobierno niega que la empresa haya sido extorsionada, y Sheinbaum prometió brindar apoyo a las compañías mineras del país.
La minería, los cultivos de aguacate y los oleoductos son blancos habituales del crimen organizado por su rentabilidad. El analista Saucedo advirtió además que algunos grupos mineros se han apoyado en bandas armadas para controlar a opositores.
En la comunidad de El Verde, donde se hallaron fosas con los cuerpos de los mineros, familiares y activistas exigen respuestas. “Tenemos información de que aquí hay muchas más fosas… tenemos que venir a buscarlas”, dijo Marisela Carrizales, quien busca desde hace más de cinco años a su hijo desaparecido.
La Fiscalía de Sinaloa confirmó que se recuperaron 10 cuerpos en una fosa y restos en otras cuatro ubicaciones. En Mazatlán, mientras se refuerza la seguridad por el carnaval, continúan los secuestros de turistas y empresarios. En la sierra, el miedo mantiene lejos a maestros, médicos y transportistas.
Fermín Labrador, vecino de Chirimoyos, relata que camina más de ocho kilómetros hasta su trabajo porque el conductor del transporte público desapareció en diciembre. “Aquí seguimos, con miedo, pero sin a dónde ir”, resumió.
Esta nota fue traducida del inglés y revisada por un editor antes de su publicación.
