A pesar del rechazo legislativo, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, reiteró su respaldo a la propuesta de la gobernadora Jenniffer González que busca regular las casetas ubicadas en el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas. Quiles sostuvo que las estructuras no son ilegales y que iniciativas similares se extenderán a otras zonas del país.
El funcionario rechazó que la salida del secretario auxiliar de Conservación e Investigaciones del DRNA, Farel Velázquez Cancel, se relacionara con declaraciones que este hizo en una vista pública del Senado, donde señaló que las casetas “nunca debieron estar ahí”. Quiles explicó que Velázquez Cancel había decidido regresar a su puesto de carrera antes de la audiencia.
El Proyecto de Administración 3, impulsado por la gobernadora, fue desestimado por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, al estimar que podría “legalizar” y “perpetuar” ocupaciones ilegales en una reserva natural de alta sensibilidad ambiental.
“Estas casetas no son ilegales. Cuando se construyeron no había impedimentos de ley”, defendió Quiles. Añadió que fue con el fortalecimiento de las normas ambientales en la década de 1970 que se exigieron nuevos requisitos a las edificaciones en áreas costeras.
La propuesta de González se presentó tres semanas después de asumir la Gobernación, en medio de una investigación por presuntas construcciones ilegales en una propiedad de sus suegros en La Parguera. La medida, también presentada como el Proyecto de la Cámara 269, recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, pero fue rechazada por la comisión senatorial.
La iniciativa proponía otorgar licencias de ocupación por 40 años y autorizar reparaciones en las estructuras para conservar su valor turístico, prohibiendo cualquier construcción fuera de su huella actual. Además, establecía el cobro de cánones entre 5% y 10% más altos que los que pagan las marinas y muelles.
Según Quiles, el objetivo es que los ocupantes comiencen a pagar un canon por utilizar terrenos del dominio público. “Es un esfuerzo para poner la casa en ley y orden. Por muchos años han estado ahí y no pagan nada”, indicó. Añadió que el mismo modelo se aplicará gradualmente en diferentes zonas del país.
El titular del DRNA dijo que aún no ha discutido con la gobernadora posibles modificaciones al proyecto, pero reconoció que la política pública recae en ella. “Lo que pasa en La Parguera no es diferente a lo que pasa en otros sitios”, puntualizó.
