La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, defendió la gestión de los fiscales de la Fiscalía de Aibonito asignados al caso del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario. En declaraciones escritas, reiteró que el Ministerio Público cuenta con “un caso sólido” contra las imputadas Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera.
“El Ministerio Público tiene un compromiso con la verdad y con la administración de la justicia en cada caso que se ventila en los tribunales en Puerto Rico. También hay un firme compromiso con proteger a las víctimas. Los ataques a la ética e integridad de los representantes del Ministerio Público no se pueden admitir, porque carecen de argumentos en derecho y no han sido traídos ante el tribunal”, expresó Gómez Torres en declaraciones enviadas a El Nuevo Día.
Sus comentarios respondieron a las expresiones de la abogada Mayra López Mulero, representante legal de Cabrera Rivera, quien el 26 de noviembre señaló a Telemundo que el Ministerio Público enfrenta “serios problemas con su prueba” y que la investigación “adolece de defectos” que serán evidenciados próximamente.
La secretaria de Justicia advirtió que la agencia no permitirá que “conductas irresponsables” afecten el proceso judicial. “La Fiscalía, a nombre del pueblo, cuenta con un caso sólido, mientras que la defensa pretende confundir al pueblo con tácticas cuestionables para sembrar dudas sobre el proceso y buscar beneficios individuales”, subrayó. Recalcó además que “el compromiso de cada representante legal debe ser con la verdad y la pureza de los procesos”.
Gómez Torres concluyó que el Departamento de Justicia seguirá litigando el caso ante el tribunal “de manera seria y responsable”, respetando el proceso judicial y a las víctimas.
López Mulero asumió la defensa de Cabrera Rivera tras la renuncia, el 10 de noviembre, del abogado Jesús Ramos Puca, quien alegó en su moción que existían “conflictos éticos entre las partes”. Cabrera Rivera, de 40 años, y Avilés Cabrera, de 17, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrida el 11 de agosto en Aibonito.
