La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve refirió al Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), alegando que la agencia divulgó de manera ilegal una querella anónima en la que se denunciaban supuestos actos de maltrato y violencia de género en su contra por parte del licenciado Carlos Mercader.
Rodríguez Veve argumentó que, al confirmar el contenido de la querella divulgada públicamente, la OPM violó normas estatales y federales de confidencialidad y puso en riesgo su privacidad y la de sus hijos. En una carta enviada a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, la legisladora señaló que la divulgación contraviene la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), que exige proteger la información personal de las presuntas víctimas y prohíbe su revelación sin consentimiento escrito.
Según la senadora, incumplir con estas disposiciones podría provocar la terminación de fondos federales, auditorías o supervisión adicional por parte de las autoridades. “La divulgación y circulación de la carta anónima es una violación grave a ese mandato y requiere acción federal rápida y firme para atender el daño causado”, indicó.
El 20 de agosto de 2025 trascendió el contenido de la querella presentada ante la OPM. Posteriormente, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero, confirmó haber recibido una denuncia, pero aclaró que la querella divulgada en redes sociales no era la misma que mantenía la oficina.
En declaraciones escritas, Piñero afirmó que la OPM no ha divulgado ni validado información relacionada con querellas anónimas ni documentos confidenciales. “La protección de la información sensitiva de quienes acuden a la OPM es una prioridad esencial y ha sido respetada con rigor en todo momento”, declaró, añadiendo que la dependencia continuará cooperando con las autoridades, incluyendo al Departamento de Justicia.
Más adelante, una investigación interna concluyó que la OPM actuó con “los más rigurosos estándares de confidencialidad” y no propagó la presunta querella. “La misión de la OPM es proteger a las mujeres, no participar en controversias que desvíen la atención de lo verdaderamente importante”, sostuvo Piñero.
En su comunicación, Rodríguez Veve detalló que ha solicitado investigaciones tanto a la Policía de Puerto Rico como al Departamento de Justicia local sobre el origen y divulgación de la carta. Según la senadora, hasta el momento no se han presentado resultados significativos. “La demora y el manejo inadecuado aparentan ser un patrón de irregularidades que afecta el curso de la investigación y la integridad de una agencia receptora de fondos de VAWA”, planteó.
La legisladora añadió a su carta copias de todas las gestiones que ha realizado ante las autoridades locales, en busca de que se determine responsabilidad sobre la presunta divulgación no autorizada.
