FAJARDO – El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, expresó que el veto reciente a la medida que buscaba eliminar gradualmente el impuesto al inventario refleja la práctica de modificar el sistema contributivo sin un análisis integral de las necesidades de ingresos y gastos del gobierno.
Mujica reaccionó al veto del Proyecto de la Cámara (PC) 420 por parte de la gobernadora Jenniffer González, quien anunció la creación de un comité encabezado por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, para identificar fuentes de recaudo que sustituyan los más de $300 millones que los municipios generan anualmente mediante este impuesto sobre la propiedad mueble.
“Ya veremos lo que dice el comité. Hay un balance entre asegurarse de que hacemos una reforma contributiva. Todo esto es parte de la reforma, y es el reto de atender piezas individuales fuera de la estructura general, porque siempre habrá implicaciones adicionales”, comentó Mujica durante una actividad de la Federación de Alcaldes.
El funcionario recordó que la JSF ha favorecido históricamente congelar el impuesto al inventario, como proponía el PC 420, por un periodo de tres años. “El impuesto al inventario evita que artículos o materiales, incluso en una emergencia, lleguen a Puerto Rico. Pero, una vez estableces el tope, la pregunta es: ¿qué haces después?”, planteó.
“Siempre hemos apoyado la congelación. Tenemos que ver qué sale del comité gubernamental, si la Legislatura lo retoma y nosotros lo analizaremos dentro del contexto general de la reforma contributiva”, añadió.
Mujica comparó esta discusión con la eliminación del Fondo de Equiparación, que se transfirió a los municipios hasta 2024, y enfatizó que cada vez que se elimina una fuente de ingresos, surge la interrogante de cuál será la alternativa. “Cuando la fuente se va, la gente quiere saber cuál va a ser la alternativa”, concluyó.
