Justo antes de una reunión en La Fortaleza entre la gobernadora Jenniffer González y alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP), el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una propuesta para financiar las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y reemplazar los ingresos del impuesto al inventario.
Según explicó en un comunicado, Rivera Schatz planteó que el dinero provenga del remanente del Puerto Rico Trust Fund, que recibe aportaciones de los aranceles que pagan pasajeros e importadores. “No se trata de pedir más dinero, sino de administrar con prudencia lo que ya pertenece al pueblo”, afirmó.
La iniciativa surge una semana después de aprobarse el Proyecto de la Cámara 420, que eliminaría el impuesto al inventario a partir de 2028 si no se identifica una fuente alterna de ingresos. La medida ha generado divisiones: los alcaldes de ambos partidos la rechazan, mientras el sector privado exige su aprobación.
En La Fortaleza, González se reunió con unos 15 alcaldes federados encabezados por Gabriel Hernández y Jesús Colón Berlingeri, presidente del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Al momento del encuentro, la mandataria no había decidido si aprobar o vetar el PC 420 y buscaba escuchar propuestas de los alcaldes. La decisión debe tomarse antes del 30 de octubre.
Fuentes indicaron que existe malestar entre alcaldes penepés por enmiendas legislativas que adelantan la eliminación del impuesto, contrarias al programa de gobierno. Rivera Schatz y el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, habían advertido que no volverían a discutir el tema en la Legislatura.
Los alcaldes de San Juan, Miguel Romero, y de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, estuvieron ausentes del encuentro. Tampoco fueron invitados los alcaldes populares, agrupados en la Asociación de Alcaldes, quienes denunciaron la exclusión. El alcalde vega bajés Marcos Cruz Molina criticó la falta de diálogo: “Hoy vemos cómo, una vez más, se divide al país, atendiendo solo a un sector de la población”.
El impuesto al inventario sobre propiedad mueble genera unos $314 millones anuales para los municipios: $169 millones van al pago de deuda del gobierno central, $129 millones respaldan préstamos municipales y $145 millones se usan para servicios y gastos operacionales. Todo se recauda a través del CRIM.
Colón Berlingeri recordó que el Código Municipal exige identificar fondos sustitutos antes de aprobar medidas que resten ingresos a los municipios. Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, cuestionó la falta de rumbo del gobierno: “Aquí esto es inventando. Estamos apagando fuego”.
