El Senado de Puerto Rico otorgó un plazo de 48 horas al equipo fiscal de la administración de Jenniffer González para entregar evidencia que sustente la alegada reducción de $904 millones en contrataciones gubernamentales anunciada por el Ejecutivo.
La Petición de Información 2026-0046, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue aprobada a viva voz este jueves al iniciar los trabajos legislativos. Según el documento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda deberán someter un desglose de los gastos en servicios profesionales correspondientes a los años fiscales 2024, 2025 y 2026.
El requerimiento incluye una comparación entre esos tres años fiscales, identificando en qué áreas —como contabilidad o tecnología— se efectuó el recorte y qué agencias fueron impactadas. Además, pide detallar, agencia por agencia y contrato por contrato, los ahorros y reducciones registrados en los últimos 15 meses. La información deberá ser remitida a la Secretaría del Senado.
El martes, horas antes de la comparecencia del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante la Comisión Total del Senado, el Comité Jenniffer González publicó un anuncio en la prensa del país en el que destacaba supuestos ahorros de $904 millones en un período de 15 meses. Según ese anuncio, la disminución se logró mediante procesos más competitivos y transparentes, junto a reducciones en los costos por hora y los topes de contratos.
Este es el tercer requerimiento del presidente del Senado al Ejecutivo en menos de dos semanas. El 12 de marzo, el cuerpo legislativo había aprobado la petición 2026-0036, dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, solicitándole información sobre el cumplimiento contributivo del abogado y exsecretario de Justicia Antonio Sagardía, quien tiene contratos con el gobierno. Ese mismo día también se aprobó la petición 2026-0035 para que varias agencias, entre ellas Educación, Familia, Hacienda, AEE y la Autoridad de Alianzas Público Privadas, entregaran copias de los contratos y facturas relacionadas con Sagardía.
A la fecha de esta publicación, Hacienda aún no había entregado todos los documentos vinculados a la petición 2023-0036, pese a una orden judicial que le daba plazo hasta hoy. La controversia se enmarca en un contexto de cuestionamientos sobre la administración de González y los vínculos contractuales asociados a figuras como la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, quien renunció a su cargo el 16 de marzo tras señalamientos de posibles irregularidades en la operación de un centro de inspección en Yabucoa.
