El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concedió al componente fiscal del gobierno un plazo de diez días para entregar documentación que detalle los intercambios entre la administración de Jenniffer González y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la propuesta de reforma contributiva. También solicitó las proyecciones de impacto que la medida tendría sobre el erario en los próximos años.
“La información requerida deberá ser remitida al Senado no más tarde de 10 días laborables a partir de la notificación de este requerimiento, en formato digital, con todos los anejos y certificaciones correspondientes”, advirtió Rivera Schatz en una comunicación publicada el viernes en redes sociales.
La carta, dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, ordena a esa agencia, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que entreguen una lista detallada y documentada de todas las recomendaciones hechas por la JSF sobre la reforma contributiva.
El requerimiento ocurre un día después de que el portavoz de la minoría popular en el Senado, Luis Javier Hernández, afirmara —tras reunirse con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica— que la eliminación de las exenciones del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a la compra de equipos de energía renovable provino del gobierno y no del ente fiscal federal, como había sugerido la gobernadora González.
Según el gobierno, eliminar esa exención permitiría recaudar cerca de $18 millones anuales, lo que equivale al 3% de los $550 millones que dejarían de ingresarse al erario con la reducción de tasas contributivas. Mujica, hasta el momento, no ha expresado públicamente la posición de la JSF sobre la medida.
Rivera Schatz también pidió copias de toda documentación relacionada con reuniones sostenidas con la JSF y con el Comité de Reforma Contributiva creado por la primera ejecutiva. Además, solicitó los modelos que proyecten el impacto de la reforma hasta el año fiscal 2030-2031, así como el borrador más reciente incorporado al plan fiscal, incluyendo supuestos macroeconómicos, elasticidades, escenarios alternos y análisis de sensibilidad.
Asimismo, solicitó explicar la estrategia fiscal y presupuestaria del Ejecutivo para atender los riesgos asociados a la expiración de fondos federales de Medicaid, que vencen en septiembre de 2027. De no renovarse, Puerto Rico podría perder más de $3,000 millones anuales.
Finalmente, el presidente senatorial pidió una tabla que detalle qué agencias enfrentarían recortes para financiar la reforma contributiva y aclarar si dichas reducciones serían recurrentes.
