El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que existe disposición para aprobar la reforma contributiva incluida en el programa del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero dejó claro que el proceso no se hará a la carrera. Señaló que tanto el Senado como la Cámara de Representantes han solicitado información al Ejecutivo, no con el fin de confrontar a la gobernadora Jenniffer González, sino para cumplir con su deber legislativo y preparar una defensa sólida ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) si esta impugna la medida.
“No tenemos prisa por que se apruebe. Lo que queremos es que, cuando se apruebe, la inmensa mayoría de los puertorriqueños se beneficie de un alivio contributivo real. No vamos a estar aquí a la carrera porque alguien se demoró un poco más de la cuenta”, sostuvo Rivera Schatz. Agregó que cualquier atraso en el andamiaje necesario para implementar la reforma “es un problema del Ejecutivo”.
La gobernadora González hizo de la reforma contributiva una de sus principales promesas de campaña e incluso creó un comité para atender el tema en sus primeros días de mandato. Sin embargo, la legislación fue presentada el 12 de enero, casi al cumplirse un año de su administración. El proyecto propone reducciones en las tasas contributivas para personas con ingresos anuales entre $25,000 y $90,000, cambios que el Ejecutivo espera se reflejen en el presente ciclo contributivo, cuya fecha límite de radicación es el 15 de abril.
Rivera Schatz criticó el retraso en la presentación del proyecto. “Si lo hubiesen radicado más temprano, tendríamos más tiempo y no hubiese estos problemas. Lo advertimos desde septiembre del año pasado. Estamos pidiendo la reforma contributiva desde entonces, el récord es claro”, expresó.
Una de las diferencias más marcadas entre el Ejecutivo y el Legislativo es la posible eliminación de la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a las placas solares y a los vehículos híbridos o eléctricos, medida rechazada por ambos cuerpos legislativos y por varios sectores privados. El gobierno estima que esa derogación podría generar unos $18 millones anuales, equivalentes al 3% de los $550 millones que se dejarían de recaudar por las reducciones contributivas.
El líder senatorial también informó que envió una carta al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, solicitando que, en un plazo de 10 días, se entregue documentación sobre los intercambios con la JSF, las proyecciones fiscales de la reforma hasta el año 2030-2031 y las recomendaciones que el organismo haya hecho al gobierno. La solicitud incluye información del Comité de Reforma Contributiva que la gobernadora creó al inicio de su gestión.
“Tenemos autoridad moral para exigir, para cuestionar y para preparar un documento a la altura de lo que Puerto Rico merece. Cada senador votará con la conciencia ilustrada. El requerimiento de información no es de mala fe, sino un acto de prudencia y responsabilidad si eventualmente tenemos que responder ante la Junta”, enfatizó Rivera Schatz.
