Registros oficiales obtenidos por The Associated Press revelan que autoridades estatales y federales en Luisiana vigilan en línea las protestas y comentarios públicos sobre las recientes redadas migratorias en Nueva Orleans. Los reportes indican monitoreo constante de foros digitales y redes sociales para detectar posibles amenazas contra los agentes y medir el sentimiento público ante la operación denominada “Catahoula Crunch”.
Pese al despliegue, las agencias han ofrecido pocos detalles sobre los arrestos iniciales, lo que ha generado reclamos de transparencia por parte de las autoridades municipales. Los documentos señalan que, de las 38 personas detenidas en los primeros días, menos de un tercio tenía antecedentes penales, contradiciendo la narrativa de que el operativo se dirige a “extranjeros ilegales criminales”.
El senador estatal Royce Duplessis criticó el operativo, asegurando que “esto no se trata de seguridad pública, sino de infundir miedo y perpetuar estereotipos contra los inmigrantes”. Por su parte, el presidente del Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans, J.P. Morrell, cuestionó la falta de información: “Si el objetivo es arrestar delincuentes violentos, ¿por qué no ser más transparente sobre a quiénes arrestan y por qué?”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) no respondió directamente a las preguntas sobre el monitoreo digital y remitió a un comunicado en el que habló de “docenas de arrestos”. La agencia informó solo seis casos con antecedentes graves y mantiene su meta de alcanzar 5,000 detenciones en el sureste de Luisiana durante los próximos dos meses. Su portavoz, Tricia McLaughlin, defendió la operación alegando que busca proteger a las familias estadounidenses.
Los registros de inteligencia también detallan la cooperación entre el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Centro de Fusión de Luisiana, donde se monitorean redes sociales como Reddit para identificar información sobre los operativos y posibles actos de protesta. Esa vigilancia incluye la difusión de desmentidos sobre rumores falsos y el seguimiento de entrenamientos comunitarios para documentar arrestos.
Algunos funcionarios locales aseguran no haber sido informados sobre el alcance de la operación estatal. La Policía Estatal de Luisiana confirmó que mantiene “vigilancia activa” sobre actividades en redes sociales y coordina la comunicación entre agencias. Su portavoz, Danny Berrincha, recalcó que los agentes están atentos a cualquier amenaza o intento de interferencia.
Líderes comunitarios como Rachel Taber, de Union Migrante, y Beth Davis, de Indivisible NOLA, denunciaron que las autoridades vigilan activistas pacíficos. “Pueden monitorearme todo lo que quieran. No estamos haciendo nada ilegal”, dijo Taber. Davis lamentó que la atención policial se centre en “personas que solo tienen teléfonos y silbatos”.
El debate sobre la legalidad y legitimidad de esta vigilancia digital sigue creciendo, en paralelo con los cuestionamientos sobre la selectividad y transparencia de las redadas en Nueva Orleans.
