El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) fue removido como codemandado en la demanda federal que impugna el proyecto de restauración conocido como “Proyecto Cliff”, el cual provocó el cierre parcial del Paseo del Morro, en el Viejo San Juan, por un período de hasta 18 meses.
La decisión se produjo tras un acuerdo entre las partes, según determinó la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly. Las organizaciones Save a Gato y Alley Cat Allies cuentan con 14 días laborables para presentar una versión enmendada de su demanda, eliminando al USACE del caso.
De acuerdo con los documentos judiciales, el rol del Cuerpo de Ingenieros se limita a administrar el contrato del proyecto en representación del Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés), por lo que no se le pueden atribuir los daños reclamados. La estipulación conjunta también incluye al coronel Brandon L. Bowman, quien, según las partes, no participó en la decisión de cerrar el Paseo ni en restringir el acceso.
El NPS, por su parte, asumió la responsabilidad del cierre del tramo de la vereda que bordea el Castillo San Felipe del Morro y de la declaración de exclusión categórica cuestionada, vinculada a posibles violaciones de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).
El “Proyecto Cliff” busca estabilizar el acantilado que sostiene las fortificaciones del Sitio Histórico de San Juan. En la zona afectada se encuentran tres de las seis estaciones de comida que Save a Gato mantiene para los felinos comunitarios del área.
Save a Gato y Alley Cat Allies presentaron la demanda en diciembre de 2025, alegando que el plan de conservación viola la Ley Orgánica del NPS y la Ley de Procedimiento Administrativo federal. Además, denunciaron que el cierre parcial podría poner “en peligro la vida y el bienestar de los gatos comunitarios, causándoles daños directos y sufrimiento”.
La querella también impugna el plan de remoción de gatos aprobado por el NPS en 2023, que contempla eliminar los comederos mientras se capturan los animales en un periodo de seis meses. Sin embargo, ante la falta de interés de organizaciones de bienestar animal, la agencia federal optará por contratar una entidad privada para esa tarea.
En el proceso judicial, la jueza Kollar-Kotelly rechazó una moción de interdicto preliminar que buscaba permitir el acceso limitado de voluntarios para alimentar a los gatos mientras duren las obras.
