El proyecto de administración que busca autorizar el tránsito de vehículos todoterreno en las vías públicas enfrenta resistencia en la Cámara de Representantes. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José “Cheíto” Hernández, quien advirtió que la medida, tal como fue redactada, no cuenta con el apoyo del cuerpo.
En entrevista con El Nuevo Día, Hernández explicó que la principal preocupación es que la selección de las carreteras por donde podrían circular estos vehículos se dejaría a la reglamentación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y no a una disposición de ley. “Como está redactado, por lo menos en la Cámara, no va a pasar”, puntualizó.
El Proyecto de la Cámara 1018 —conocido en el Senado como el Proyecto 916— dispone la creación de un registro denominado “VTT Street-Legal”. Este permitiría a conductores, que cumplan con requisitos específicos, manejar sus vehículos todoterreno en determinadas carreteras, incluso autopistas o expresos. Sin embargo, el DTOP sería la agencia encargada de definir por reglamento cuáles vías estarían autorizadas.
“Nosotros nos oponemos a eso y hemos sido claros: esto no se puede hacer por reglamento, tiene que ser mediante ley. Como está el proyecto, no cuenta conmigo, no tiene mi voto. Tiene que cambiar todo ese mecanismo”, insistió Hernández.
La propuesta, impulsada por la gobernadora Jenniffer González, clasifica los vehículos todoterreno en cuatro categorías. En todos los casos, los conductores tendrían que registrar, inspeccionar y asegurar sus unidades, además de obtener la autorización de circulación “VTT Street-Legal”.
En el Senado, el senador Héctor Joaquín Sánchez lidera la evaluación del proyecto. Informó que las vistas públicas iniciarán el 27 de enero con la participación del DTOP, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Policía, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico. Una segunda audiencia, programada para el 10 de febrero, incluirá al sector privado.
“Hemos observado que existen regulaciones que establecen que algunas unidades no pueden transitar por ciertos lugares, y no necesariamente se trata de carreteras primarias o secundarias”, explicó Sánchez. Añadió que su prioridad en el Senado será garantizar la seguridad vial.
Hernández adelantó que, en la Cámara, también convocarán a la Asociación y la Federación de Alcaldes, así como a la Administración de Servicios Médicos, para evaluar el impacto del uso de estos vehículos y los accidentes relacionados que llegan al Centro Médico en Río Piedras.
El proyecto continúa bajo estudio en ambas cámaras mientras los legisladores y las agencias pertinentes reciben testimonios y evidencias para determinar su viabilidad.
