La redefinición de la zona marítimo terrestre (ZMT) propuesta en el Proyecto de la Cámara (PC) 25 desprotege la vida, la propiedad y la seguridad de la población frente a inundaciones costeras, alertó la oceanógrafa geológica Maritza Barreto Orta durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales del Senado.
Barreto Orta explicó que el proyecto ignora las necesidades actuales de conservación y pone en riesgo hábitats críticos y actividades económicas. “La situación no mejorará, y proyectos como el PC 25, donde no se insertan conocimientos científicos claros o se aplican de forma parcial, podrían causar mayores problemas”, sostuvo.
La también exintegrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático recordó que Puerto Rico cuenta con 1,285 playas que son depósitos arenosos. Según indicó, estudios del Instituto de Investigación y Planificación Costera reflejan un aumento en la erosión desde 2012, lo que ha reducido el umbral geomórfico de playas y dunas.
Durante la vista, la científica destacó el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático —sometido a la Legislatura en 2024— como el documento con una de las definiciones más completas de la ZMT. Agregó que el manejo de las costas debe tratarse como un asunto de seguridad nacional, pues la ciencia no siempre se aplica correctamente en la toma de decisiones.
El Plan continúa detenido en la Legislatura, pese a que la gobernadora Jenniffer González prometió atenderlo. Mientras, el Senado acogió parte de las recomendaciones del Comité, pero la Cámara de Representantes no ha tomado acción.
La definición de ZMT incluida en el PC 25 —autorado por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez— delimita el espacio costero según el nivel medio de pleamar mayor en un periodo de 19 años, excluyendo marejadas ciclónicas. Esta misma definición fue incorporada a la propuesta de reforma de permisos de la gobernadora González, según confirmó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico también expresó su oposición, pues alega que la medida coloca los derechos propietarios por encima del deber constitucional de proteger los recursos naturales. “El proyecto no ha evaluado el impacto económico ni ecológico de enmendar la definición de la ZMT”, advirtió la abogada Lolimar Escudero.
Tanto Barreto Orta como Escudero coincidieron en que la definición vigente debe actualizarse, pero subrayaron que cualquier enmienda requiere la participación de expertos que garanticen un texto acorde con la realidad climática y ambiental de la isla.
“La nueva definición puede facilitar reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente dentro de la ZMT y no contempla el aumento en el nivel del mar”, agregó Escudero.
En la audiencia también participaron el programa Sea Grant Puerto Rico y la organización Hispanic Federation, que pidieron a la Legislatura actuar con sensatez y evitar debilitar la protección de costas y playas, considerados bienes de alto valor ecológico.
