La ausencia de procesamientos por corrupción en Puerto Rico durante el primer año y medio del cuatrienio, junto al escepticismo del presidente Donald Trump hacia la lucha contra el uso ilegal de recursos públicos, no implica necesariamente que no se presenten encausamientos en el futuro cercano. Así lo subrayaron dos exfiscales federales, en momentos en que ante las autoridades federales se han presentado denuncias sobre supuestas irregularidades en agencias gubernamentales.
Los exfiscales coincidieron en que una reasignación de prioridades dentro del aparato federal podría haber ralentizado las investigaciones o movido recursos hacia otras áreas consideradas más urgentes por la administración de Trump. Sin embargo, señalaron que los casos por corrupción suelen requerir tiempo, discreción y un trabajo de recopilación de pruebas que no siempre se traduce en arrestos inmediatos.
En declaraciones recientes, ambos expertos recalcaron que la falta de anuncios públicos no debe interpretarse como una ausencia de vigilancia ni de voluntad para procesar a figuras de alto perfil involucradas en manejos indebidos de fondos públicos. Según explicaron, el marco legal y la jurisdicción federal en Puerto Rico permiten que las investigaciones continúen activas hasta que surjan bases sólidas para un eventual encausamiento.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre investigaciones en curso, las fuentes indicaron que el ambiente político actual y la reorganización de prioridades en el Departamento de Justicia federal han generado incertidumbre sobre el ritmo y el alcance de futuros arrestos, pero no eliminan la posibilidad de que estos se produzcan.
